Fernando Huamán Flores *

En los sistemas democráticos los estudios de opinión pública se han convertido en importantes termómetros del clima social y político. Se podría decir que no son simples mediciones anecdóticas sino instrumentos para la toma de decisiones que buscan legitimidad pública. Por eso mismo, es un asunto relevante conocer si sus resultados responden a la realidad o si, por el contrario, nos presentan interpretaciones antojadizas del espacio público. Un buen análisis de la coyuntura sociopolítica, hoy en día, es parte del derecho que tienen los ciudadanos a estar informados.

El proceso de revocatoria a la alcaldesa de Lima trae al escenario político, nuevamente, la cuestionada veracidad de las encuestas. Esta semana han aparecido estudios de intención de voto que presentan escenarios distintos para Susana Villarán: por un lado, se sostiene que el «No» a la revocatoria ha subido en las preferencias de los limeños hasta alcanzar un empate técnico; mientras que por otro, se afirma que el «Sí» a la revocatoria aún cuenta con una importante ventaja sobre sus opositores. La consecuencia sigue siendo el incremento de la polarización en la opinión pública: si antes habían 'memes' y carteles para todos los gustos, pareciera que lo mismo ocurre con los resultados de las encuestas. Así, al incrementarse la incertidumbre de los ciudadanos, la recepción de la información se da en un marco de percepción selectiva; es decir, se hará caso a los porcentajes que mejor se adecúen al gusto de cada quien.

En este contexto, la justificación de una de las empresas encuestadoras –frente a la disparidad de resultados– se ha centrado en la metodología empleada. Como el método de levantamiento de información ha sido distinto entre ellas, parece lógico pensar que los resultados también tendrían que serlo. Sin embargo, dicho argumento carece de solidez conceptual, al menos desde el ámbito de los estudios de percepción. La interpretación de resultados debe darse en función del margen de error con el que se trabaja y, desde luego, con apoyo teórico del campo académico de la opinión pública. No se puede dar carácter determinante a un resultado, en este caso, aludiendo a un tipo de metodología.

Los métodos de investigación son, dicho en fácil, caminos para llegar a una realidad. Su elección responde a una serie de criterios técnicos que se subordinan al objeto de estudio. En otras palabras, tienen un carácter instrumental porque lo importante no son ellos (las encuestas) sino lo que miden (el sentir del publico). Por eso mismo, cuando estamos frente a un estudio de percepción social no podemos afirmar que a metodologías distintas le corresponden resultados distintos. Si existen resultados distintos es porque alguien ha equivocado la metodología o, por lo menos, parte de ella. Aceptar lo contrario significaría confundir el método de análisis y el objeto de investigación.

Este escenario nos lleva, inmediatamente, a papel que juega el JNE en la fiscalización de las empresas encuestadoras. Hace un par de años se intentó hacer una modificación en el artículo 8 del Reglamento Electoral de Encuestadoras (REE), donde –a las actuales exigencias de la ficha técnica– se sumaba que las empresas en cuestión deberían entregar una base de datos con la identificación personal de la muestra seleccionada. La iniciativa no prosperó, entre otras cosas, porque el escenario previo a una elección no era el más idóneo y porque exigir el DNI de la persona encuestada no es algo que tenga apoyo mayoritario. Sin embargo, nos demuestra que existen dudas en estos trabajos porque parece que no estamos completamente libres de la manipulación de los números. Esto nos dice, también, que sí es importante estar preocupados por el termómetro y no solo por el resultado.

* Docente de Opinión pública de la Universidad de Piura