Con facultades otorgadas por el Congreso, el Poder Ejecutivo promulgó el 5 de enero pasado el Decreto Legislativo 1319 estableciendo medidas para promover el comercio de productos forestales y de fauna silvestre de origen legal con control preventivo, encaminando la formalidad de la cadena productiva forestal desde el bosque hasta su destino final, con control preventivo, cumplimiento del marco normativo y sancionándose la tala y comercio ilegal; además se implementa el sistema nacional de información forestal (SNIFFS), puestos de control estratégicos y mayor control sobre títulos habilitantes y planes de manejo aprobados.

La baja valoración de nuestros bosques, la insuficiencia de políticas públicas para conservarlos y la inadecuada gestión del patrimonio forestal, son las principales causas de la deforestación y depredación cada año (con tendencia creciente) de más de 150 mil hectáreas de bosques, con el agravante que por acciones ilegales, incumplimientos de normas y permisividad manifiesta de autoridades con competencias forestales, gran porcentaje de madera que se comercializa se considera de origen ilegal. Las principales causas de la destrucción de nuestros bosques son la tumba y quema, tala ilegal, actividades agropecuarias, extractivas, e infraestructura; según la ONU los últimos 35 años hemos perdido 9.2 millones de hectáreas lo cual genera severas consecuencias en el medio ambiente, biodiversidad y calentamiento global.

Bajo este panorama el DL 1319 debe ser prioritariamente implementado y debidamente operado: 1) Asegurando que los Gobiernos Regionales informen a la autoridad nacional forestal (Serfor) y al organismo de supervisión (Osinfor) sobre los títulos habilitados para explotación forestal y planes operativos sobre especies y volúmenes de madera a extraer para asegurar intervención preventiva, supervisión y fiscalización de productos forestales; 2) Operando eficientemente la red articulada nacional de información SNIFFS como herramienta del sistema nacional de gestión (Sinafor) para control y trazabilidad de recursos maderables; 3) Asegurando inspecciones oculares previas al otorgamiento de autorización de cambio de uso de tierra para fines agropecuarios y desbosque; 4) Integrando el sistema nacional forestal en todos los corredores forestales; 5) Construyendo más puestos de control estratégicos de paso obligatorio del transporte de productos forestales para evitar la legalización o blanqueo de productos forestales de procedencia ilícita; 6) Fortaleciendo el ordenamiento de las concesiones y plantaciones en el país, 7) Resolviendo conflictos que involucran a pueblos indígenas; y 8) Culminando en las regiones la zonificación, ordenamiento y catastro forestal para evitar la deforestación de bosques.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de setiembre de 2017