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El juicio oral contra el ex alcalde de la localidad sevillana de Morón de la Frontera, Manuel Morilla Ramos (PP), ha sido fijado por el Juzgado nº 14 de lo Penal de Sevilla para el próximo día 5 de mayo, a partir las diligencias previas 456/2008 iniciadas por el Juzgado de Morón de la Frontera a principios de 2008.

Según informa en un comunicado la organización Ecologistas en Acción , el escrito de acusación de la Fiscalía sostiene que "el acusado, Manuel Morilla Ramos, ex alcalde de Morón de la Frontera, durante al menos los años 2003 a 2007 no impulsó ni se preocupó en absoluto de hacer inspecciones eficaces para comprobar si se cumplía la normativa local medioambiental en materia de vertidos al alcantarillado público". Tampoco " tomó ninguna medida efectiva cuando supo que se realizaban esos vertidos; ni ordenó controlar los parámetros de los procesos de explotación de las empresas contaminantes del municipio, que eran numerosas" y además "no ordenó examinar las arquetas de las industrias que sabía contaminantes para las aguas públicas".

Los ecologistas explican que, siempre según la acusación de la Fiscalía, Morilla Ramos "no adoptó ninguna medida cautelar como la suspensión de los vertidos a pesar de su notoriedad". Todo ello "provocó la actuación de la Fiscalía de Medio Ambiente" ya que "se mostró pasivo ante los avisos de episodios contaminantes realizados por la empresa Aqualia y silenció todas las denuncias de la Guardia Civil que se realizaron, incluso cuando los agentes del SEPRONA le requerían información sobre el trámite dado por el Ayuntamiento a las denuncias policiales".

Al ex alcalde se le acusa de dos delitos contra el medioambiente de los artículos 325.1º y 329.1º del Código Penal, por los que la Fiscalía solicita penas de hasta 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público y de hasta dos 2 años de prisión y multa de hasta 30.000 €.

En la vista serán citados como testigos, agentes del SEPRONA, policías y técnicos municipales de Morón de la Frontera, vigilantes y técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y el entonces Concejal de Medio Ambiente de Morón, Antonio J. Ramírez Sierra.

A causa de estos hechos, la CHG impuso multas al Ayuntamiento de Morón desde 2003 por un valor superior a 1, 5 millones de euros, "que han tenido que soportar los ciudadanos de Morón con sus impuestos", según los ecologistas. La organización ha reclamado en numerosas ocasiones a la CHG que dedique ese dinero íntegramente a labores de restauración ambiental del río Guadaíra a su paso por Morón, especialmente en la zona de la Sierra de Esparteros, y que contrate para ello a trabajadores del sector agrícola, desempleados después de la campaña de recogida de la aceituna.

Ecologistas en Acción afirma que en febrero de 2004 "los vertidos producidos por las industrias de Morón, provocaron la rotura de la depuradora de Morón por fallo generalizado de los equipos y la corrosión de los cuadros eléctricos". Infraestructura que "se había puesto en funcionamiento en 2002, con un coste inicial de 4 millones € y su reparación en 2008 tuvo un coste adicional de 2 millones € de dinero público de los andaluces a través de la Junta de Andalucía".

Añaden que el informe pericial que obra en el Juzgado "ofrece unos resultados contundentes". En él se destaca que los parámetros de las analíticas "sobrepasaron ampliamente los niveles permitidos para los peces, originando afecciones sobre la fauna acuática y sobre la vegetación de ribera y fluvial, causando mortandad de especies no tolerantes, reduciendo la biodiversidad y produciendo alteraciones de las especies de ribera llegando a modificar la estructura del cauce y aumentando los riesgos de desbordamientos e inundaciones en caso de lluvias puntales y en un corto periodo de tiempo".

Muestran su extrañeza por el hecho de que a pesar de todo lo anterior, "ninguna institución pública se ha personado en este proceso para defender los intereses generales del medio ambiente y de los habitantes de la Cuenca del Guadaíra". Especialmente sorprendente es el caso de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, "que pagó el arreglo de la depuradora", y el de la CHG, "que denunció los hechos". Tampoco el Ayuntamiento de Morón, "a pesar de haber pagado 32.000€ en concepto de defensa jurídica del acusado", se ha personado en la causa. La acusación ha sido ejercida sólo por la Fiscalía de Medio Ambiente y Ecologistas en Acción.

Por otra parte, la organización ecologista manifiesta "la esperanza de que no sean necesarios tantos años"para que la Justicia actúe en la "reciente querella iniciada contra el actual Alcalde de Morón de la Frontera, Juan Manuel Rodríguez Domínguez (PSOE), y varios responsables políticos y técnicos de la Junta de Andalucía", por presunta prevaricación ambiental en relación con los daños ambientales producidos en la destrucción de la Sierra de Morón.

Los ecologistas también están a la espera de que el Juzgado competente fije la fecha para el juicio oral contra los responsables de los vertidos de arsénico en el acuífero de Gerena realizados por la Mina de Las Cruces en 2008, causa penal en la también ejercen la acusación popular, junto con la Fiscalía de medio Ambiente, y en la que también están ausentes la Junta de Andalucía y la CHG.

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