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Hace 11h

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Tras una Junta Directiva Nacional del Partido Popular, un periodista de un medio catalán comentaba a un miembro de la dirección nacional del PP que el Gobierno central parecía no darse cuenta de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, iba a seguir hasta el final para celebrar el referéndum del 1-O. El dirigente popular le respondió que eran los independentistas del Govern los que no querían darse cuenta de que el Ejecutivo del presidente, Mariano Rajoy, iba a ir hasta el final con toda la fuerza del estado de derecho para que la consulta independentista no tuviera lugar.

La conversación resume lo que parece haber sido un diálogo de sordos pero que ya ha tenido como consecuencia la tutela financiera de la Generalitat de Catalunya por parte del ministerio de Hacienda y la detención de 14 altos cargos y funcionarios de del Govern por parte de la Guardia Civil para frenar el referéndum del 1-O.

"Nadie puede pretender situarse por encima de las leyes. La desobediencia es un acto totalitario. Cada vulneración tendrá su respuesta firme", declaraba e l presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una declaración institucional sin preguntas. Ante el desafío independentista Rajoy añadió que "e l estado de derecho no fallaría y que nadie vacilaría. Me refería al Gobierno de la nación, a los tribunales, a la Fiscalía, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a quienes garantizan el funcionamiento correcto de nuestra democracia".

"Les garantizo mi determinación para hacer cumplir la ley sin evitar ninguna de las herramientas que nos proporciona nuestro estado de derecho. Vamos a actuar con prudencia y responsabilidad para evitar que la sinrazón de unos poco la tengan que sufrir los ciudadanos de Catalunya y del resto de España", remarcó el presidente.

El Gobierno sigue adelante con sus planes de dar una respuesta a cada paso que den los independentistas. "La maquinaria del estado de derecho se ha puesto en marcha y no se para", resume una fuente de Moncloa para explicar que el Gobierno no va a ceder un ápice en su intención de frenar el referéndum del 1-O.

Durante semanas el presidente y sus ministros han ido lanzando mensajes que iban desde el "referéndum es un absurdo y una estafa a la democracia y no se va a celebrar" al "nos van a obligar a lo que no queremos llegar" pasando por recordar que "si a alguien se le cita para una mesa electoral, que no vaya porque el referéndum es ilegal".

Fuentes de Moncloa han insistido en que la detención de los 14 dirigentes y funcionarios de la Generalitat responde "a la decisión de un juez que independientemente ha estimado que se ha cometido un delito y actúa en consecuencia" tratando de desvincular la actuación judicial de las acciones del Ejecutivo, pero al ser preguntado por la operación policial el presidente del Gobierno apuntó que "estaban avisados. Sabían que el referéndum no se podía celebrar porque es liquidar la soberanía nacional y el derecho que tienen todos los españoles a decidir lo que quieran que sea su país. Como ya he dicho en otras ocasiones: Pido una rectificación y que volvamos al sentido común. El referéndum no se puede celebrar".

En el mismo sentido, la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, subrayó que "cuando algunos tratan de situarse por encima de la ley, el estado de derecho tiene que actuar y eso es lo que está ocurriendo" y el portavoz del grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, apuntó que "cualquier persona que se sitúa al margen de la ley se convierte en un delincuente por lo tanto sometido a las reglas del Estado de derecho".

El diputado del PP por tarragona, Jordi Roca, deslizó el argumentario del Partido Popular cuando defendía la actuación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en su comparecencia para justificar la intervención de las cuentas de la autonomía catalana. Roca explicó que "la Justicia está persiguiendo a aquellos que han incumplido la Ley porque en España no hay detenidos políticos" porque si "los independentistas son valientes para saltarse la ley, deben serlo también para asumir sus responsabilidades, en especial si son políticos", además de añadir que "el estado de derecho está reaccionando para evitar que se cometan delitos contra la democracia y menos que se haga con dinero público".

Las detenciones han provocado protestas masivas tanto en Catalunya como en Madrid, aunque desde Moncloa se insistía: "Que salga la gente a la calle a protestar porque se cumple la Ley no va a afectar para nada a la actuación del Gobierno". De hecho, el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo apuntó que "el único riesgo para la democracia en nuestro país sería que el Gobierno permitiera que los secesionistas lograran su objetivo y liquidaran la Constitución y el Estatut de Catalunya".

La dureza de las actuaciones judiciales y gubernamentales no son un obstáculo en el PP. En este sentido, una figura que, en teoría, es menos dura como el exministro de Exteriores y diputado popular, José Manuel Garcia Margallo, ya resaltó una idea que está presente en el partido: "El presidente José María Aznar probó que cerrando el periódico Egin y encarcelando a Herri Batasuna no pasaba absolutamente nada. No hay opciones si alguien comete un delito. La Fiscalía tiene que actuar y si en Catalunya se da una conducta castigada con la inhabilitación, hay que aplicarla".

El Ejecutivo confía en que la guerra de imagen que mantiene con los independentistas en el ámbito internacional no afecten las últimas acciones judiciales y gubernamentales. "Todos los gobiernos de Europa y las instituciones de la Unión Europea respaldan al Gobierno español. No hay ningún gobierno europeo que haya dado el visto bueno al referéndum. En el Gobierno no hay preocupación en ese sentido", responden desde Moncloa.

Otra cosa es la posibilidad de que las movilizaciones puedan degenerar en actos de violencia. Aunque fuentes del Ejecutivo apuntan que "no se espera actos de violencia" también admiten que la tensión en la calle podrían acaba en "alteraciones del orden público". Pase lo que pase, Rajoy ya ha dado a entender que el Gobierno ne cederá para evitar el referéndum del 1-O.

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