Jueces catalanes defiende que el derecho a decidir es posible dentro de la Constitución

Magistrados de audiencias provinciales y jueces de primera instancia creen que Catalunya puede decidir su relación con España, según la legislación internacional

Barcelona. (ACN).- Una treintena de jueces y magistrados catalanes han firmado un manifiesto a favor del derecho a decidir de Catalunya. Según estos juristas, Catalunya es una nación, sin duda, y, por lo tanto, tiene derecho a decidir su relación con el resto del Estado. De hecho, a su juicio, el derecho a decidir cabe dentro de la Constitución española, interpretada según la legislación internacional y desde una "perspectiva dinámica y viva, no sacramental". En el manifiesto, se recuerda que los catalanes han decidido al menos en tres ocasiones recientes su relación con el Estado, la última, en el Estatuto de 2006 aunque la sentencia del Tribunal Constitucional haya conllevado la actual situación.

El manifiesto, de dos páginas y media, se estaba preparando desde mediados de enero y será enviado a los partidos políticos, Govern y Parlament, así como a los 756 jueces y magistrados de todo el país, y se prevé que alrededor de un centenar más accedan a firmar a favor. Los 34 firmantes pertenecen a distintas asociaciones de jueces y algunos de ellos no están adscritos a ninguna. Sin embargo, es la primera vez que altos funcionarios del Estado, como son los jueces, firman un manifiesto que defiende la legalidad del derecho a decidir.

Entre los magistrados firmantes del manifiesto están los magistrados de la Audiencia de Barcelona Santi Vidal, Josep Niubó, Joan FrancescUría, Juli Solaz, Carmen Sánchez-Albornoz o Montserrat Comas d'Argemir. De los jueces de instrucción de Barcelona, destacan Josep Maria Miquel Porres, Míriam de Rosa Palacio o Josep Maria Pijuan, juez del caso Palau recientemente jubilado.

Según el escrito, la cuestión clave del debate pasa por aceptar o no la realidad nacional de Catalunya y, por lo tanto, su "plena soberanía para decidir su futuro". A continuación, aseguran que existe un hecho que "no admite discusión: Catalunya es una nación" por su historia, cultura, lengua propia y una "reiterada y perseverante voluntad de ser reconocida como sociedad diferenciada, compatible con su carácter plenamente integrador".

La realidad nacional de Catalunya "está en la base de la Constitución de 1978″ y en los Estatutos de 1979 y 2006, aseguran. "Si el reconocimiento no fue más explícito en su momento" fue por el modelo de transición de la dictadura a la democracia y el "peligro de involución o amenaza autoritaria, confirmado en 1981 "con el golpe de estado del 23-F". Además, el texto recuerda que el Estatut de 2006 fue "manifiestamente desvirtuado" por el Tribunal Constitucional en "aspectos esenciales de identidad nacional y autogobierno".

La indiscutible condición de nación que dispone Catalunya, según los jueces firmantes, "conlleva indefectiblemente el reconocimiento de su derecho a decidir". El llamado principio democrático impregna el ordenamiento jurídico internacional y de la Unión Europea y, por tanto, la negación del derecho a decidir "sólo se puede entender y sostener por un criterio estrictamente ideológico y político de negar la realidad nacional de Catalunya".

El rechazo del TC en 2010 al Estatut ha generado la situación actual, según los jueces, que recuerdan que las masivas manifestaciones de ese mismo año, 2012 y 2013, las encuestas publicadas y los pronunciamientos de partidos, sindicatos y entidades sociales evidencian que "gran parte de la sociedad catalana quiere volver a decidir su articulación con el Estado Español, y hacerlo contemplando todas las opciones, incluida la independencia".

Los firmantes del manifiesto consideran además que el derecho a decidir puede ejercerse en el marco constitucional actual, recordando que el texto de 1978 se basa en los principios de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. "En todo caso, toda Constitución debe permitir un proceso continuo de discusión y evolución y la consiguiente aceptación de cualquier proyecto legítimo de modificación del orden constitucional", aseguran.

A continuación, el texto detalla algunos artículos de la Constitución que amparan los derechos y libertades políticas así como la celebración de referéndums. Además, los jueces recuerdan que "los preceptos de la Constitución relativos a los derechos fundamentales y a las libertades deben interpretarse según la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados" por España. Así, el manifiesto cita el artículo 21 de la Declaración Universal que defiende que "la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público", así como el derecho a la autodeterminación recogido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El derecho a la autodeterminación, aseguran los jueces según los criterios más recientes y relacionados con el caso de Canadá, "no se limita sólo a los pueblos gobernados o sometidos por potencias extranjeras, sino que se extiende a aquellos pueblos que, a pesar de estar integrados en un estado democrático, sufren una limitación de su derecho al autogobierno". Por todo ello, concluyen que "en el marco constitucional actual, interpretado a la luz de la normativa internacional y de los principios y derechos fundamentales que la inspiran, es viable el legítimo ejercicio del derecho a la consulta que reclama de forma mayoritaria la sociedad catalana".

Fuente : Jueces catalanes defiende que el derecho a decidir es posible dentro de la Constitución.

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