CASO CAYARA

Este es el genocida Alan García, implicado en el genocidio de Cayara. Luego del genocidio, y sabedor de que se iba a presentar una comisión investigadora, le ordenó al Coronel Rafael Córdova, desaparecer los cadáveres y borrar todas las huellas de la masacre.

Este maldito, es el genocida general en retiro José Valdivia Dueñas. Siendo Jefe de la Sub-zona Político Militar de Ayacucho, ordenó el genocidio de Cayara. Vladimiro Montesinos y Alan García Pérez, movieron sus influencias y su poder para absolverlo. Está libre, riéndose del dolor de sus víctimas. Obsérvese la arrogancia de su rostro: expresa la satisfacción de haber hecho asesinar a civiles indefensos. Cómo es posible que estas bestias, sedientas de sangre, cuenten con la protección del estado peruano.

“En una conversación que tuve con el Coronel Rafael Córdova, el segundo de Valdivia Dueñas en Los Cabitos, me dijo: el presidente ha viajado conmigo a Cayara después de que conversara con usted y ha sido él quien ordenó remover los cadáveres inmediatamente porque usted sabe donde están enterrados”. Declaración del ex fiscal Carlos Escobar en el diario Perú 21 (4 de noviembre de 2002)

Los hechos

Como parte del “Operativo Persecución”, el 14 de mayo de 1988, tropas del Ejército ingresaron al pueblo de Cayara, provincia cercana a Erusco, alrededor de las 9 de la mañana. Después de asesinar al primer poblador que encontraron, detuvieron a los hombres que presenciaron el hecho desde la iglesia local para después asesinarlos también. Mientras tanto, los demás efectivos saqueaban las tiendas y domicilios de los comuneros y luego las quemaron.

Posteriormente reunieron a la población en la plaza principal y esperaron a los hombres que realizaban labores de cosecha en el campo. Separaron a los comuneros en dos grupos, varones y mujeres, y obligaron a los primeros a echarse al suelo para después torturarlos y matarlos en presencia de las mujeres y niños.

Días después, el Ejército volvió a Cayara y estableció su base en una escuela, el 18 de mayo de 1988. Ese día el General de Brigada José Valdivia, jefe de la sub-zona de Seguridad del Centro correspondiente a Ayacucho, leyó una lista de nombres quienes eran buscados por el supuesto delito de subversión.

Al mes siguiente, efectivos del Ejército regresaron a Cayara para secuestrar a Guzmán Bautista Palomino, Gregorio Ipurre Ramos, Humberto Ipurre, Benigna Palomino de Ipurre y Catalina Ramos Palomino. Los dos primeros eran testigos de la masacre ocurrida el 14 de mayo pasado y los otros tres eran padre, madre y hermana del detenido Ipurre. Guzmán Bautista habría hablado con las delegaciones de parlamentarios y con la revista Caretas acerca de lo ocurrido en Cayara.

Después de hacerse pública la matanza de Cayara, el presidente Alan García mostró abiertamente su respaldo a las Fuerzas Armadas por la lucha contrasubversiva que venía ejecutando a nivel nacional.

La investigación

Días después de la masacre, los sobrevivientes denunciaron los hechos en Ayacucho. Así, se designó a Carlos Escobar como fiscal encargado de la investigación.

El 10 de agosto de 1988 se informó sobre la existencia de tumbas en un paraje denominado Pucutuccasa, a cuatro horas de Cayara. El fiscal Escobar exhumó, de acuerdo a ley, los tres cuerpos hallados e identificó a Alejandro Echaccaya Villagaray, Samuel García Palomino y Jovita García Suárez, quienes habían sido detenidos el 18 de mayo durante la intervención militar en Cayara. Flavia García Suárez, hermana de esta última, identificó a los tres cadáveres y se levantó acta de exhumación.

De acuerdo a la versión de la fiscalía, el grupo encabezado por Escobar sólo trasladó el cadáver de Jovita García Suárez ya que no contaba con facilidades de transporte. Cuando los investigadores retornaron días después advirtieron que los otros dos cuerpos habían sido retirados de las tumbas. Sin embargo, quedaban restos como manchas de sangre, cabello humano, pedazos de ropa, etc. Era evidente que el traslado de esos cadáveres sólo se pudo realizar por una fuerza capaz de controlar regularmente la zona.

Los medios de comunicación señalaron que el General José Valdivia exigió al oficial de la PIP que acompañó a Escobar, información sobre los hallazgos del fiscal.

La necropsia a Jovita García estableció que estaba embarazada, presentaba diversas fracturas en las extremidades y tenía el cráneo destrozado. Su muerte había sido por traumatismo encéfalo craneano grave o por lesión punzo cortante a nivel del corazón. Luego, intentando encubrir estos hechos, el Ejército informó que Jovita García era su informante y que su muerte había sido causada por Sendero Luminoso

Significado

La masacre de Cayara es significativa por varias razones. Primero, porque representó una vuelta de tuerca con respecto a las violaciones de los derechos humanos de un gobierno que empezó su gestión señalando que no toleraría esas violaciones. Segundo, porque fue un hecho evidente, donde quedaron pocas dudas de la responsabilidad de los culpables en el asesinato de pobladores de ese pueblo ayacuchano.

Tercero, porque a pesar de las pruebas, toda la maquinaria del Estado se prestó al encubrimiento, incluyendo a parlamentarios, jueces y fiscales, mostrando que se trataba de un hecho aislado, un “exceso” cometido por personas fuera de control en el fragor de la batalla. Sin embargo era evidente que este crimen fue producto de la implementación de políticas sistemáticas violatorias de derechos humanos implantadas en este período, tal como concluyó en su dictamen el senador Javier Diez Canseco y como había señalado tres años antes el senador aprista Javier Valle Riestra a raíz de la masacre de Accomarca (agosto de 1985).

Por último, como hecho anecdótico, cabe señalar que fue precisamente el caso Cayara el que permitió a un abogado –quien en ese entonces se ocupaba de casos de narcotráfico y que había llegado a asesorar a varios fiscales supremos– restablecer sus vínculos con el Ejército, institución que lo había expulsado, procesado y condenado en 1976. Ese abogado era Vladimiro Montesinos Torres.

Montesinos usó sus influencias en el Ministerio Público para prestar un “servicio” a los mandos militares y contribuyó a evitar que los responsables de la masacre fueran procesados. Gracias a esos “servicios” fue admitido nuevamente en el Servicio de Inteligencia Nacional en 1989, trabajó que usó para relacionarse en 1990 con el candidato, y luego presidente del Perú, Alberto Fujimori.

El terror y el contraterror

La masacre de Cayara fue una respuesta brutal del Ejército a una acción, también bárbara, de Sendero Luminoso. El 13 de mayo de 1988, aproximadamente a las 9 p.m., un destacamento de SL emboscó a dos camiones portatropas del ejército en Erusco, un paraje del distrito de Cayara, en la provincia de Víctor Fajardo (Ayacucho). Como consecuencia del ataque senderista murieron cuatro militares, incluyendo un capitán, y resultados heridos otros catorce o quince. Los subversivos se apoderaron, además, de armas y municiones.

La reacción del Ejército fue inmediata. Al día siguiente ocuparon la vecina comunidad de Cayara, acusando a los campesinos de haber participado en la emboscada o colaborado de alguna forma con los senderistas. Las tropas torturaron y ejecutaron a decenas de campesinos, hombres y mujeres. Todos estaban desarmados y fueron capturados en sus casas o en sus chacras, como se demostró fehacientemente después tanto en la investigación del fiscal Carlos Escobar, como en la de los senadores Javier Diez Canseco y Gustavo Mohme, así como en el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pero las cosas no quedaron allí. En las semanas y meses siguientes, a pesar de las denuncias formuladas por algunos parlamentarios, medios de comunicación, organizaciones defensoras de los derechos humanos y el fiscal Escobar, los testigos fueron sistemáticamente asesinados, así como algunos presuntos senderistas denunciados por un informante anónimo. En setiembre de 1989, un año y cuatro meses después de la primera masacre, la última testigo importante que quedaba fue asesinada a manos de encapuchados que vestían uniforme militar. Los sobrevivientes fueron amenazados, las pruebas borradas –incluyendo la desaparición de los cuerpos de muchas víctimas–, el expediente del caso incinerado ó, tal vez, robado.

Con ello se comprobó que hubo, no solo lenidad de parte de las autoridades políticas, judiciales y militares, sino abierta complicidad con los responsables de la masacre –entre ellos, el ex presidente Alan García, el Comandante General del Ejército Artemio Palomino Toledo, el Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas General del Aire Pablo

Varela Novella, el jefe Político Militar General José Valdivia Dueñas, así como los ejecutores directos– permitiéndoseles en un prolongado lapso acabar con los testigos y eliminar las evidencias de su delito.

A pesar de todo, quedaron las pruebas que acumuló un fiscal valiente como Carlos Escobar, quien como premio a su destacada labor fue trasladado primero, luego destituido y finalmente, amenazado, lo cual lo obligó a refugiarse en el extranjero.

Delitos de lesa humanidad

En la fecha en que se perpetró el crimen, el Estado Peruano había suscrito y ratificado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, que establecen un núcleo duro de derechos no derogables, ni postergados en tiempos de conflicto. Además de lo establecido por los Convenios de Ginebra, estos instrumentos internacionales forman parte de nuestro derecho nacional, tal como lo prescribe la Constitución Política de 1979 y 1993. Con ello, la legalidad e imprescriptibilidad del Homicidio Calificado-Ejecución extrajudicial, y la desaparición forzada estaba vigente en el año de 1988.

Este año, la investigación abierta por la fiscal Cristina Olazábal sobre el crimen de Cayara ha devuelto la esperanza para los familiares de las víctimas en su logro de justicia, aún cuando los responsables, entre ellos, el ex presidente Alan García, vienen obstaculizando y dilatando el proceso.

García fue citado en tres oportunidades (dos en Ayacucho y una en Lima) por la fiscal Olazábal para responder interrogantes respecto del caso Cayara. Sin embargo no asistió a ninguna de ellas, aludiendo carecer de recursos para trasladarse a Ayacucho. Al respecto, las organizaciones de afectados por la violencia política en Ayacucho decidieron realizar una colecta para pagar los gastos de viaje. Finalmente acudió a la cuarta citación realizada en Lima el 13 de abril pasado. El interrogatorio estuvo a cargo del fiscal Mario Gonzáles, quien anteriormente había archivado la denuncia por el caso Frontón –masacre ocurrida durante su gobierno y por el cual también éste tenía responsabilidad– argumentando la prescripción del delito.

Desde el inicio de la investigación por éste y otros casos de violaciones a los derechos humanos, la fiscal Olazábal fue objeto de críticas y hostigamientos por parte de representantes del Partido Aprista. Sin embargo, las organizaciones de afectados brindaron su respaldo la labor de la magistrada, así como solicitaron el apoyo respectivo para que continúe al frente de las investigaciones.

El pasado 19 de mayo, la fiscal especializada en derechos humanos Cristina Olazábal, denunció penalmente ante el Poder Judicial de Huamanga al ex presidente Alan García por su presunta responsabilidad en la matanza de 25 campesinos el 14 de mayo de 1988 en el distrito de Cayara. La acusación señala que el ex mandatario sería responsable de los delitos de omisión impropia, al no haber denunciado el hecho en su calidad de presidente de la República; encubrimiento personal, por no haber señalado a los responsables y autoría intelectual de la masacre, por haber presuntamente ordenado las acciones militares. Junto a García fue denunciado el ex jefe político militar de Ayacucho, José Valdivia y otras 123 personas.

Son cobardes, porque actúan con ventaja: sus víctimas, en primer lugar, son ciudadanos inocentes: no se trata de ningún enfrentamiento: son ciudadanos que están en sus casas, en sus faenas agrícolas en sus chacras. En segundo lugar, sus víctimas estaban desarmadas, y no opusieron ninguna resistencia al ser intervenidas; inclusive, entre las víctimas habían mujeres. En tercer lugar: los atacantes, esto es, los militares, incursionaron dotados del más moderno armamento de guerra, e implementados de una insuperable logística: avanzados equipos de radio, visores nocturnos..., etc. En cuarto lugar: las víctimas no constituían ningún peligro ni amenaza para los atacantes: no solamente no opusieron ninguna resistencia ni intentaron huir, sino que estaban desarmados y totalmente indefensos como para poder constituir amenaza alguna. En quinto lugar: los militares genocidas, contaban con todo el ordenamiento jurídico a su favor, pues éste, a través del decreto del "estado de emergencia", daba a los militares autoridad absoluta sobre haciendas y vidas en las zonas "de emergencia", no permitiéndose la ingerencia de la autoridad civil. En los hechos, los fiscales, si metían sus narices, eran corridos a balazos o amenazados por los militares; y los periodistas, si metían sus narices, eran asesinados por los militares, como sucedió con Ayala Sulca.

Además, actuaron con alevosía: ocultaron y quemaron los cadáveres, borraron las huellas de sangre, asesinaron a los testigos sobrevivientes.

Por último: este genocidio, contó con el más descarado apoyo gubernamental: el gobierno aprista de Alan García: el propio García ordenó desaparecer los cadáveres y todas las pruebas del delito. A esto se agrega que era la misma metodología seguida en otros genocidios: Putis, Accomarca, Pomatambo, Los Cabitos, Totos, Parcco, los penales... fosas comunes, desaparecer cadáveres, la respuesta de "yo no sé", "nadie sabe nada", y el apoyo gubernamental. Y esto no puede atribuirse a los subversivos, porque no era su metodología: ellos, ni hacían fosas comunes, ni desaparecían los cadáveres. Por otra parte: la impunidad: ninguno de estos criminales está preso: todos están libres, cobrando sueldo del estado. El propio García Pérez, así como José Valdivia, están libres. Todos estos considerandos prueban, por su sistematicidad, que eran crímenes de lesa humanidad; prueban además, que no se trataba de excesos, o de algún grupo de militares desquiciados: no: era toda una política de estado, de exterminio, diseñada por el estado peruano. Tan cierto es esto, que la alta clase política que compone el estado peruano, quiere dedicarles a estos criminales un museo para honrar su memoria.

A continuación, reproduzco un artículo del diario "Liberación", del 19 de Mayo del 2, 001, página 7, para que el lector tenga una imagen más completa de lo que es el estado peruano: de cómo es que la alta clase política es la que está comprometida en estos sistemáticos genocidios.

Un caso que quedó impune *

El 13 de mayo de 1988, una columna armada de Sendero Luminoso tendió una emboscada a un convoy militar del Ejército peruano en Erusco, anexo del distrito de Cayara de la provincia de Víctor Fajardo, en el departamento de Ayacucho. En el combate perdieron la vida un capitán del Ejército y tres soldados. Cuatro senderistas también murieron en la acción.

Un día después, 180 soldados del Ejército ingresaron al poblado de Cayara y asesinaron al primer habitante que se encontraron en su camino cuyo nombre era Esteban Asto. Registraron las casas, incendiaron algunas y tomaron la municipalidad. Llegaron hasta la iglesia del pueblo y fusilaron a cinco hombres que se encontraban en la iglesia desarmando un tablado.

Continuando con su macabro acto, asesinaron a cerca de cien personas separando a algunas mujeres y niños. Para matarlos utilizaron cuchillos, machetes, bayonetas e instrumentos de labranza. A los que no morían se les remataba con un balazo en la sien.

Luego, el comando político militar de la zona, al mando del general Luis Valdivia Dueñas, denunció la emboscada del día 13 de mayo ante el fiscal de la provincia de Cangallo y Huancapi afirmando que en la emboscada habían participado cerca de cien subversivos de la provincia de Cayara y otros pueblos cercanos.

En el Congreso se creó la comisión investigadora encabezada por el senador aprista Carlos Enrique Melgar. Dicha comisión era integrada también por los parlamentarios Javier Diez Canseco y Gustavo Mohme Llona. El informe Melgar, presentado el 9 de mayo de 1989, absolvió de toda responsabilidad al genecal Luis Valdivia Dueñas así como al resto de militares implicados en el caso.

Cuando una testigo logró identificar a un familiar asesinado brutalmente en Cayara, Melgar pidió que esa diligencia sea declarada nula, pedido que fue rechazado por la Sala Penal de Ayacucho quien ordenó una nueva diligencia.

El fiscal Carlos Escobar, quien fuera premiado luego por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos internacionales, logró reunir los testimonios de campesinos sobrevivientes a los que a duras penas logró investigar ya que los militares y las autoridades del Ministerio Público le ponían trabas.

Meses después, los cuerpos fueron hallados en fosas comunes. Los posteriores exámenes forenses comprobaron que los campesinos fueron asesinados salvajemente y no en un enfrentamiento como argumentaban los militares.

Cuando Carlos Escobar estaba a punto de cerrar la invesúgación y denunciar a los responsables, fue cesado del cargo con el pretexto de que no había dinero para continuar con las investigaciones, cosa que era falsa porque se le comisionó para investigar las desapariciones en la selva donde se gastaba lo mismo que en Cayara.

En su reemplazó se designó a un nuevo fiscal que en menos de un mes resolvió que no había pruebas suficientes y archivó la denuncia.

Alan García habría ordenado borrar las huellas de la masacre de Cayara

Ex fiscal Carlos Escobar obtuvo esa versión de coronel EP que fue testigo del hecho

Christian Capuñay

Corría el año 1988 y el país era gobernado por Alan García Pérez. El 14 de mayo de ese año un grupo de militares, al mando del general Luis Valdivia Dueñas, asesinaron salvajemente a campesinos de la provincia de Cayara, en Ayacucho, en venganza por una emboscada que sufrieron a manos de terroristas de Sendero Luminoso y en la que perdieron la vida cuatro miembros del Ejército Peruano.

Cuando la denuncia fue hecha pública, el entonces fiscal Carlos Escobar tomó la investigación a su cargo y se topó con una serie de obstáculos que al final lograron que los autores intelectuales y materiales de la masacre así como los asesinatos de los testigos claves, quedaran impunes.

A más de trece años de los hechos, Carlos Escobar -ahora dedicado a la defensa de los Derechos Humanos- narra cómo, desde el Ejército, el Congreso y el Ministerio Público se impidió la investigación y revela cómo una versión de un testigo de primera mano, compromete directamente al presidente de la República de ese entonces, Alan García Pérez, en el ocultamiento de las pruebas.

¿Qué pasó en esa reunión que sostuvo con Alan García el 22 de mayo de 1988?

- Cuando yo estaba investigando en Ayacucho, el presidente Alan García viajó a esa zona y solicitó una reunión conmigo en el hotel de turistas. En una habitación del segundo piso nos reunimos. Allí cometí el error de informarle sobre las pruebas e indicios que yo había logrado reunir en el transcurso de la investigación. Le dije que los cuerpos encontrados tenían huellas de haber sido asesinados con cuchillos, machetes, etc. Y no con balas como decía el Ejército, por eso pedí que vinieran médicos de Lima

para certificar la causa de la muerte.

¿Qué pasó después?

- Los médicos no llegaron a tiempo y los cadáveres fueron removidos del sitio dónde fueron encontrados.

¿Cómo relaciona este hecho con el ex presidente García?

- Más adelante, cuando yo ya había dejado la investigación me encontré con el coronel Rafael Córdova, quien era el segundo de Luis Valdivia Dueñas en la zona de Ayacucho. El me narró que inmediatamente después de terminada la reunión que tuvimos, García ordenó viajar a Cayara en helicóptero y ordenó que los cadáveres de las fosas encontradas fueran removidos de su sitio y

que borraran las huellas de sangre de la iglesia donde asesinaron a varios campesinos.

¿Por qué no denunció este hecho?

- Cuando obtuve esta versión la llevé a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente la Corte no se pronunció sobre el fondo del caso.

Escobar manifestó que durante todo el proceso de investigación pudo comprobar la forma en que se trató de encubrir el caso para no sancionar a los responsables. "Había una desesperación por evitar que se sepa la verdad" señala. "Incluso a pesar de todos los pedidos que hicimos para darle garantía a los testigos que habían aceptado declarar, nunca se procedió a hacerlo, hecho que permitió que los testigos fueran asesinados". El ex fiscal asegura que los pedidos de garantía para la vida de los testigos los hizo llegar al propio Fiscal de la Nación de ese entonces, Hugo Denegri quien no procedió a aceptar la petición.

"Eso ocurrió con uno de los testigos presenciales, Martha Crisóstomo, quien logró identificar el cadáver de su tía y para quien yo pedí ante el fiscal de la Nación que la saquen de la zona porque su vida corría peligro. Sin embargo, esto no se hizo y esta persona fue asesinada, lo cual puede ocasionar que una nueva investigación termine responsabilizando por comisión por omisión", indicó.

Sostuvo además que los peritos que practicaban los exámenes a los restos humanos hallados en Cayara no decían la verdad en sus informes y trataban de ocultar la verdad dictaminando falsamente con la intención de encubrir el hecho.

Asimismo, Escobar confirma que ya desde el gobierno aprista, el prófugo ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos controlaba al fiscal de la Nación y que su intervención pudo ser decisiva para conseguir que el crimen quedara impune.

En uno de los últimos vladivídeos, Montesinos cuenta cómo Luis Valdivia Dueñas le pide ayuda para solucionar el problema en que estaba envuelto.

¿A usted le consta su intervención?

- El general Jaime Salinas Sedó ha declarado que Montesinos era el abogado de Valdivia y todo el mundo sabía que este individuo asesoraba al Fiscal de la Nación Hugo Denegri, por lo que tenía toda la información necesaria. Incluso en una oportunidad yo dejé información sobre las investigaciones al secretario del fiscal Denegri, de apellido Rodas. Más adelante ingreso al despacho de Rodas y me encuentro con Montesinos que estaba revisando el expediente y la información que dejé como si nada, incluso fotocopió lo que yo había dejado. Cuando me quejé con Rodas de ese hecho me dijo que todo era una orden del fiscal.

El Congreso no fue ajeno a la obstaculización que padeció durante toda la investigación. La comisión parlamentaria que investigó el caso, encabezada por Carlos Enrique Melgar y que era integrada en su mayoría por senadores apristas, cuestionó la investigación realizada por Escobar y en su informe en mayoría terminó absolviendo de toda responsabilidad a los militares

implicados en los asesinatos.

Escobar denunció un hecho sumamente grave y que la comisión de la verdad próxima a instalarse deberá investigar a Fondo.

El senador Carlos Enrique Melgar solicitó copias de los avances de la investigación. Yo se la envíe al Fiscal de la Nación para que éste a su vez la trasladara al senador Melgar. Días después tres testigos importantes, cuyos nombres se encontraban en la información que remití, desaparecieron extrañamente.

¿A quiénes iba a denunciar?

- Cuando presenté el informe denunciando los hechos y diciendo que iba a denunciar a Valdivia, abruptamente se me sacó del cargo argumentando que no había dinero para continuar con las investigaciones, cosa que es falsa. Nunca vi un caso en el que hubiera tantas pruebas del delito pero no se sancionó a nadie.

¿Piensa que una nueva investigación debería ampliarse al ex presidente García y a Denegri?

- Creo que sí y creo que la Comisión de la Verdad que se creará debe jugar un papel importantísimo.

¿Estaría dispuesto a integrarla en caso se lo pidan?

- Para mí sería un honor integrar esa comisión.

* Publicado en el diario Liberación, Lima 19 de mayo del 2001, página 7.