Silencio cómplice. Director del penal que intentó devolver al penal a Crousillat debió renunciar. Al retirarse, César Orozco comunicó a Rosario Fernández que Crousillat había usado sus influencias para detener traslado a la prisión. No hizo nada.

Miguel Gutiérrez R.

Mgutierrez@larepublica.com.pe

El 9 de marzo, tres días después de que se frustrara el traslado de José Enrique Crousillat de la clínica El Golf al penal San Jorge como lo recomendaban los médicos del Inpe, el director de ese establecimiento penitenciario, César Orozco Barrios, se vio obligado a renunciar irrevocablemente por presiones y amenazas de los abogados del empresario, sentenciado por recibir millones de dólares al aceptar utilizar su canal para atacar mediáticamente a los opositores del gobierno fujimorista.

Cumpliendo las disposiciones emitidas por Bertha Chacaltana, directora regional de la oficina de Lima, Orozco había intentado trasladar al sentenciado de la clínica El Golf al mencionado penal.

Llamadas efectuadas por el abogado Jorge Castro desde la clínica a diferentes personajes provocaron que el traslado se frustre y que el director debiera retirarse de la clínica con su personal de seguridad y con los galenos de la junta médica del Inpe.

Renuncia irrevocable

Al verse atado de manos, sin respaldo de las autoridades del INPE y denunciado penalmente por el abogado de Crousillat por supuesto intento de homicidio a su patrocinado, el funcionario renunció a su cargo de director.

La República tuvo acceso, además de las actas médicas ocultas, a varios oficios que relatan los incidentes producidos el pasado 6 de marzo en la clínica El Golf.

Entre los documentos obtenidos figura el oficio que el director renunciante envía a diferentes autoridades, donde da cuenta de las irregularidades cometidas y a las presiones a las que fue sometido durante el corto tiempo que duró como director del San Jorge.

En el oficio remitido a la ministra de Justicia Rosario Fernández, el director le pone en conocimiento de que “las nuevas autoridades del Inpe flexibilicen el régimen penitenciario de los internos que se encuentran por los delitos de corrupción”.

Según se desprende de este documento, Orozco se refiere entre otros al funcionario aprista Jorge León Ballén, que fue colocado en la presidencia del INPE en febrero en reemplazo de Leonardo Caparrós.

Jorge Ballén, como jefe del Inpe, estuvo enterado no sólo de las actas médicas que determinaban que él interno Crousillat estaba bien clinicamente, sino también de la cancelación del traslado a su establecimiento penitenciarios.

César Orozco le solicita a la entonces ministra Fernández que ante la pasividad de sus superiores “tome las medidas correctivas con el Consejo Nacional Penitenciario”.

Silencio cómplice

César Orozco renunció irrevocablemente y, según se sabe, la ministra no tomó ninguna medida para resolver el tema Crousillat.

Los medios de prensa dieron cuenta parcialmente de la renuncia del director penitenciario.

El 14 de marzo, ante la insistencia de los periodistas, la ministra de Justicia Rosario Fernández aseguró que la renuncia del ex jefe del penal San Jorge, César Orozco Barrios, fue “porque se sentía fastidiado e incómodo”.

En algunos medios se señaló que su cese se debía a “las continuas amenazas que recibió”, pero nunca se obtuvo una respuesta clara y transparente del ministerio de Justicia ni del Inpe.

Según los documentos obtenidos, César Orozco intentó ofrecer una conferencia de prensa, pero razones personales lo obligaron a desistir.

Semanas después, el renunciante fue colocado en la oficina administrativa de una prisión limeña pese a su capacidad de dirección. Según fuentes penitenciarias, “fue fondeado” para evitar que hablara de lo que fue testigo.

La República ubicó al funcionario penitenciario César Orozco Barrios, pero éste se negó a declarar a pesar de nuestra insistencia a ofrecer su versión de los hechos ocurridos durante su gestión.

Simplemente señaló que “la situación de San Jorge ya no estaba en sus manos y, además, como funcionario público no tiene autorización para declarar.

Orozco fue designado director penitenciario el 3 de febrero del 2009, pero sólo duró un mes y cuatro días en San Jorge.

El contenido de las cartas mostradas por este diario demuestran claramente porque Orozco se vió obligado a renunciar irrevocablemente ese cargo crucial.

El secretario de la Junta Médica Penitenciaria del Inpe, José Janampa Coronado, responsable de las primeras tres evaluaciones a Crousillat, fue recolocado en mayo pasado al establecimiento penitenciario Lurigancho por orden de la presidencia del Inpe.

Días después, la familia pediría nueva junta médica para evaluar salud del empresario, la cual luego servirá para solicitar el indulto.

Al ser ubicado por este diario, el galeno conocido “como el terror de los corruptos” por su inflexibilidad con los mafiosos de San Jorge, indicó que no declaraba porque no deseaba tener problemas con “los de arriba”.

Actualmente, Orozco no labora más en el INPE.

Miguel Facundo Chinguel fue nombrado por la ministra de Justicia Rosario Fernández como presidente de la Comisión de Indultos del Ministerio de Justicia en abril del 2008.

Resulta inverosimil que el funcionario aprista no supiera que el director del San Jorge había renunciado como consecuencia de las presiones al más alto nivel ejercidas por allegados a los Crousillat.

Pastor dice que no hubo favoritismo con Crousillat

El ministro de Justicia, Aurelio Pastor, expresó que los informes remitidos por La República no formaron parte del expediente de la Comisión de Indultos del INPE. Pese a intentar dar esa explicación, anunció que se ha solicitado un informe detallado y oficial sobre el caso.

Pastor fue enfático en considerar que el protocolo médico y otras observaciones de especialistas incluidas en el expediente fueron suficientes para recomendar el indulto.

“No hay favoritismos en el caso del señor Crousillat, el informe está totalmente pulcro, este gobierno ha indultado a más de 3 mil personas y en ningún caso ha existido favoritismo”, manifestó.

Por su parte, el político de oposición Javier Diez Canseco reiteró que el indulto concedido al empresario televisivo José Enrique Crousillat es sólo la antesala del perdón que concedería el presidente Alan García al sentenciado Alberto Fujimori Fujimori.

“Por eso hablé de razones societarias y billetarias. Es inaceptable que el ministro de Defensa Rafael Rey diga que la decisión de García sólo cabe obedecerla y punto. Es decir, ¿el presidente tiene derecho a hacer lo que le dé la gana y la sociedad no tiene derecho a vigilarlo?”, se preguntó Diez Canseco.

En tanto, el ministro de Salud, Oscar Ugarte, afirmó que desde el punto de vista médico el indulto es justificado. “No es el único caso, aunque pueda parecer controvertido”, dijo. Agregó que se pidió la opinión de especialistas del Minsa y ésta sustentó el veredicto.

Fuente La República