Perú es vergüenza, por la descarada e indignante impunidad :las altas autoridades del gobierno central, de todas las gestiones, protegen a los esbirros que cometen genocidios . Fujimori felicitó a los miembros del “Destacamento Colina”, y emitió una ley de amnistía para los militares y policías genocidas. Alan García, felicitó a los genocidas de Cayara, protegió y premió a los chacales del genocidio de Accomarca, lo nombró vicepresidente al chacal de El Frontón. El mismo siendo presidente, ordenó la masacre de El Frontón, y está libre

Giampietri y Mantilla dirigieron la matanza en "El Frontón"

Relato de un sobreviviente de El Frontón

(FUENTE DIARIO LA PRIMERA / 18 DE AGOST O 2009)

Marilú Gambini - Colaboradora

La masacre de El Frontón sigue impune, 23 años después.

Agustín Mantilla, uno de los responsables, y quien ejecutaba las órdenes de García Pérez, está libre, y goza del aprecio de sus correligionarios apristas.

“Pudimos ver a Mantilla parado en el tanque de agua, protegido con un chaleco antibalas de color mostaza, cafarena color ocre y su casco del color del chaleco"

Mucho se habla sobre la matanza de El Frontón y de un tiempo a esta parte el caso se ha politizado al extremo de que casi todas las gestiones gubernamentales creen tener el derecho de juzgar de tal manera, sin tener pleno conocimiento de los hechos o de haber escuchado los testimonios de quienes fueron agentes partícipes en estos, sea de los victimarios o de las víctimas.

Se dan sentimientos encontrados sobre la comparación de matanzas calificadas como acciones denigrantes, unas cometidas por miembros de la nuestra gloriosa Marina de Guerra apoyados por la Guardia Republicana, dando muerte a mansalva a presos hacinados en un rincón del penal; y otras cometidas por terroristas con indefensos ciudadanos y hasta niños como víctimas.

Es acaso noble la política que en nombre de la democracia pretende convenientemente acusar y sentenciar por un lado, y defender y absolver por otro, a quienes no conlleven a conseguir fines y objetivos acordes con nuestros intereses particulares.

LUIS GIAMPIETRI ROJAS - VICEPRESIDENTE DEL PERU

ESTA HIENA, EJECUTÓ LA MATANZA DE “EL FRONTÓN”,

Y ESTÁ LIBRE.

Una muestra de ello son los casos de Luis Giampietri Rojas, quien dirigió la masacre ejecutada por miembros de la Marina y el hombre fuerte del PAP, Agustín Mantilla Campos, que presenció la matanza desde su mirador particular, el tanque de agua del penal; actores de la matanza de El Frontón.

Esta situación de complicidad convenida, nos trae a la memoria parte del discurso presidencial de Alan García del 28 de julio de 1985, cuando asumió la presidencia dando inicio a su primera gestión: “La ley, será aplicada con severidad para quienes violen los derechos humanos mediante la muerte, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y por abuso de su función, pues para luchar contra la barbarie, no es preciso caer en la barbarie”.

Sin embargo cayeron en el mismo salvajismo.

Un poco de historia

Poco después, de ese histórico discurso, el 14 de agosto, ocurría la matanza de Accomarca, con 69 originarios que murieron, por efecto del plan operativo Huanccayoc; el 4 de octubre de 1985, la matanza de Lurigancho, con 35 presos calcinados y 34 heridos; un año después, el 18 de junio de 1986 para ser exactos, sucede la masacre en la isla El Frontón, lugar donde el hoy presidente Alan García, sostenía enfático, “aquí caben dos posibilidades, o se van ellos (autores de la masacre) o me voy yo”, sin que al final ocurriera ni lo uno ni lo otro.

¿Por qué el almirante AP (r) y ahora congresista del Partido Aprista que esta en el gobierno, Luis Giampietri Rojas utiliza la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República -de la cual es presidente- para amedrentar al IDL? Él mismo nos ha dado la respuesta: desde su opinión somos los acusadores de los militares en el caso de la matanza de El Frontón.

Pero ¿se trata solamente de un congresista preocupado por la suerte de quienes fueron sus compañeros de armas, hoy acusados de uno de los crímenes contra los derechos humanos más brutales que se hayan cometido? No. Giampietri Rojas pretende desde su actual posición ayudar a desconocer y eliminar sus posibles responsabilidades legales. Para eso, ser Presidente de la Comisión de Inteligencia, le otorga el poder suficiente para ejecutar campañas de amedrentamiento contra quienes defendemos a las víctimas de ese hecho.

Como se recordará, el 18 y 19 de junio de 1986 se produjo el amotinamiento de los internos por terrorismo, del pabellón Azul del establecimiento penal San Juan Bautista (El Frontón). Lo mismo ocurría en otros dos penales de la ciudad. El develamiento fue encargado a las Fuerzas Armadas. En el caso del Establecimiento Penitenciario de El Frontón, el encargo recayó en la Marina de Guerra. En el Frontón el amotinamiento tuvo un trágico desenlace: aproximadamente 118 internos fueron ejecutados extrajudicialmente utilizando diversos métodos (fusilamiento, acuchillamiento, aplastamiento). Entre ellos, Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Ugarte Rivera, a cuyos familiares el IDL patrocina desde 1986.

En el primer gobierno de García, el caso fue investigado por la justicia militar, la que -claro está- absolvió a todos “por falta de pruebas”. Sólo fue posible que el Ministerio Público iniciara una investigación como consecuencia de la sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en agosto de 2000 (caso Durand y Ugarte).

En el curso de las investigaciones del Ministerio Público se logró obtener múltiples y consistentes evidencias que demostraron que los efectivos militares de la Marina, encargados del develamiento del motín en El Frontón, ejecutaron un plan dirigido a la eliminación física de todos los internos del pabellón azul. Muchos años después de producidos los hechos, recién se pudo conocer que el Jefe de la Fuerza de Operaciones Especiales (FOES) que había iniciado las operaciones militares, era el entonces Capitán de Navío Luís Giampietri Rojas. En tal condición comandó tales operaciones desde la tarde del día 18 hasta la mañana del día 19 de junio de 1986.

Luego de que el Ministerio Público formulara denuncia penal, en enero de 2005, el Primer Juzgado Penal Supraprovincial de Lima abrió proceso penal contra 11 efectivos de la Marina a quienes imputó la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Nolberto Durand Ugarte, Gabriel Ugarte Rivera y varias decenas de víctimas.

En este proceso judicial, en el que Giampietri Rojas -gracias al fiscal Mario Gonzáles- solo tiene la condición de testigo, ha declarado ante el juzgado que él “...dependía del comandante de la Segunda Zona Naval (Víctor Ramírez Isola) quien dispuso la ejecución del Plan APEFLON...” Ni Giampietri ni la Marina han esclarecido el real contenido y objetivos de dicho plan.

Además, ha señalado que sus jefes le ordenaron “...que apoyara los requerimientos que le hiciera el señor Mantilla ...”, y luego declara que “... Mantilla le solicitó que abriera un forado en la pared perimétrica del mur ...”. A ello agrega que “...pusieron la carga explosiva de C-4, ahí se abrió el forado, el hueco era pequeño y por eso hicieron 4 ó 5 explosiones más y en una de estas explosiones se derrumbó...”.

El Informe suscrito por el Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas N° 07/CCFFAA/PE, del 30 de junio de 1986, señala muy claramente que luego de retiradas las autoridades judiciales “...a las 17:14 horas el Jefe de Grupo de FOES a requerimiento del Sr. Vice Ministro del Interior Dr. AGUSTIN MANTILLA, inició las acciones de demolición...”.

Cabe recodar que la primera parte del operativo de demolición a la que hace referencia el Informe del Comando Conjunto, se ejecutó cuando todos los internos se encontraban dentro del pabellón.

Durante las investigaciones preliminares, tanto Giampietri como otros marinos insistieron en declarar que utilizaron el poderoso explosivo C-4 porque la estructura del pabellón azul estaba fortificada, pero el Informe Técnico de los peritos ingenieros que, a pedido de la Comisión Ames del Congreso de la República, inspeccionaron meses después el lugar de los hechos emite conclusiones reveladoras. Este Informe señala que “la apertura de boquetes [...] era totalmente factible con disparos desde fuera por medio de bazookas, fusil lanzagranadas, etc, puesto que como ya describiéramos [...] los muros eran de ladrillo Parvadomus que no es maciso...” Además, el Informe Técnico concluye que las columnas del Pabellón Azul fueron “fracturadas con explosivos detonantes y rompedores” los cuales causaron la demolición de la estructura.

Por su parte la pericia de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, luego de analizar los restos óseos de Nolberto Durand Ugarte, señala como causa de su muerte las múltiples fracturas generadas como consecuencia de un aplastamiento.

Esto no es otra cosa que la evidencia que el entonces Capitán de Navío, y hoy presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, Luis Giampietri, fue en un primer momento, en su condición de Jefe de la FOES, el responsable material de la ejecución del plan de eliminación física de los internos de El Frontón, acción que desarrolló a través de la demolición del pabellón azul.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado de manera reiterada que en este caso el Estado peruano tiene la obligación de investigar los hechos, procesar y sancionar a los responsables. Eso significa que ahora le corresponde a la justicia cumplir con ese mandato. Pero no hay la voluntad política de hacer nada.

Tres años después del genocidio de "El Frontón", durante el primer gobierno aprista de Alan García, el 14 de mayo de 1988, una patrulla de 180 soldados daban muerte a más de 120 campesinos que regresaban de sus sembríos; cinco de ellos fueron acribillados en la Iglesia del pueblo mientras los demás, entre niños y mujeres, torturados y destrozados con sus propias picotas, hachas, machetes y hasta palas.

Hoy, durante el segundo gobierno aprista de García Pérez, los cabecillas de estas masacres gozan no sólo de impunidad, sino también fueron premiados por su aporte y cumplimiento de su deber en la lucha contra la subversión.

Luis Giampietri, responsable de la matanza de El Frontón, es Vicepresidente del Perú; Telmo Hurtado, asesino de campesinos (no terroristas), quien dijo que mató para que los diputados sigan confortablemente sentados en sus sillones, fue agregado militar en Estados Unidos, su cómplice José Williams Zapata fue nombrado por Alan García en este, su segundo gobierno, representante del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa, en Estados Unidos, a pesar de tener un impedimento de salida por los hechos acontecidos en 1985.