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Perú: Politización de tres casos judiciales (Alan García, Aldo Mariátegui y Fronton)

12/10/2013 06:09 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Derecho en el centro de la escena política

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Autor: Humberto Abanto Verástegui

I El caso Alan García

Hace más de tres meses, en la pequeña columna diaria que sostengo en DEL PAÍS de Lima y en una debate en RPP con el congresista Lescano, vaticiné que, más temprano que tarde, la justicia constitucional reconocería que le asiste la razón a AGP en su demanda de amparo y fulminaría los desafueros de la comisión Tejada. El tiempo ha confirmado la certeza del vaticinio, aunque en realidad no fuese expresión de poderes extrasensoriales sino de confianza en que, gracias a la señera jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y del Tribunal Constitucional (TC) sobre los límites de la actividad materialmente jurisdiccional que despliega el Congreso, las promesas del Pacto de San José o Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la Constitución se cumplirían.

El juez del Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, orientado por dicha jurisprudencia, dictó sentencia en el proceso de amparo promovido por Alan García contra la comisión Tejada y lo hizo profiriendo un fallo que estima en parte la demanda por la afectación de los derechos de AGP a la comunicación previa y detallada de la acusación y de defensa, durante el procedimiento de investigación congresal a cargo de la comisión Tejada, y, reponiendo las cosas al estado anterior, ordenó que dicho grupo de trabajo parlamentario vuelva a citar al investigado, pero con escrupuloso respeto de sus derechos procesales.

Como era de esperar, las reacciones fueron opuestas. AGP no se tomó el trabajo de ocultar la inmensa satisfacción que le produce el fallo del Poder Judicial y, desde su hiperactiva cuenta de Twitter, dijo que la decisión hará que la comisión Tejada lo investigue con «respeto, sin afán destructivo y politiquero». En la orilla opuesta, Sergio Tejada gimió lacrimoso que el objetivo de AGP era sacarlo de la comisión investigadora. Su conclusión es algo caprichosa, pues nadie como él garantiza a AGP una dosis elevada de publicidad permanente e inocuidad en la investigación parlamentaria, pues su inexperiencia y precipitación asemeja la de esos boxeadores principiantes que se pasan toda la pelea lanzando golpes al aire, mientras el contrincante los llena de guantazos. Sólo un enemigo jurado de AGP podría desear que Sergio Tejada saliera de la comisión investigadora.

Las reacciones negativas no fueron todas llorosas. También hubo quienes aprovecharon la oportunidad para dar rienda suelta a su verdadera naturaleza y lanzar un fuerte rebuzno jurídico. El mayor de todos fue el del parlamentario Daniel Abugattás, quien afirmó que el fallo de la justicia constitucional no es vinculante para el Congreso porque es un poder autónomo. Aunque la tesis no resiste el menor análisis, es bueno detenerse en un argumento que se ha vuelto recurrente cada vez que la justicia constitucional fulmina un acto parlamentario.

Es indispensable recordar que la autonomía no es autarquía y que todos los poderes constituidos están sometidos a la Constitución, que consagra el orden material de valores de la sociedad, garantiza los derechos y limita el poder. Dentro del Estado constitucional, ese sometimiento debe verificarse por la adhesión espontánea de los poderes públicos a la Constitución y, en caso de no registrarse, cualquier persona puede activar el control jurisdiccional de la constitucionalidad, mediante el cual se comprueba la estabilización o no de los actos públicos y las conductas de los particulares en torno de la Constitución, sus valores, principios y reglas. Si como resultado de ese control constitucional se pronuncia un fallo que declara la inconstitucionalidad del acto ejecutado por cualquiera de los poderes constituidos, la autonomía de dicho poder constituido –un rasgo que corresponde a todos los poderes públicos en función del principio de separación de poderes– no puede impedir que, dentro de la relación de control, la decisión del órgano de control sea obligatoria para el órgano controlado y se cumpla debidamente. Sostener lo contrario sería eliminar el control jurisdiccional de la constitucionalidad, una de las notas distintivas del Estado constitucional establecido por nuestra ley fundamental, siguiendo la impronta de la progresista Carta de 1979.

No faltaron, por supuesto, quienes no pararon mientes a la hora de poner en evidencia que el objetivo de toda esta persecución parlamentaria es inhabilitar a AGP como sea, sin importar que los cargos tengan o no entidad suficiente para ello y con desprecio de que haya participado o no en su comisión. Esta línea discursiva tuvo como adalid a l congresista Heriberto Benítez , quien sostuvo que el Parlamento debe, de forma directa, denunciar constitucionalmente al exmandatario. A su juicio, el Legislativo no debe 'perder el tiempo' en una nueva investigación ni en conformar otro grupo de trabajo que investigue al líder aprista o en cambiar a los integrantes de la comisión Tejada. «Hay que recabar los elementos probatorios, obtenidos prolijamente durante el trabajo de la 'megacomisión' (...) y presentar la denuncia constitucional, a fin de que el Congreso efectúe el trámite legal, con respeto del debido proceso, y se pronuncie a través de las instancias legales», declaró a un medio local. Aunque la adhesión al debido proceso no duró mucho, por cierto, pues a renglón seguido añadió: «Si se demuestra que hubo infracción constitucional, por las conmutaciones de pena a narcotraficantes y condenados por robo agravado, Alan García podría ser inhabilitado hasta por diez años en el ejercicio de la función pública».

El tiempo se les está escurriendo entre los dedos a los enemigos de AGP y algunos de ellos comienzan a percatarse de que la inexorable marcha del reloj y del calendario juega contra sus aviesos propósitos. Esa y no otra es la causa de pedir que la comisión Tejada sea enterrada inmediatamente y, en cumplimiento aparente de la sentencia del juez constitucional, se agrave con prontitud la situación jurídica de AGP. Quienes propulsan esta línea de acción alternativa confían en el poder del odio y suponen que, al final de los finales y tras un procedimiento fulminante como el de acusación constitucional, podrán inhabilitar al líder del PAP y frustrarán su retorno al poder.

La nota de incoherencia fue dada por el ministro de Justicia, quien metiéndose donde no lo llaman –o, quizás, yendo donde lo mandaron– dijo que el fallo que declara nula toda la investigación realizada por la comisión Tejada a AGP desestima también toda persecución política contra el líder aprista y que "genera desazón" en el marco del trabajo efectuado por la comisión Tejada, que –según él– « brindó todas las oportunidades para poder desarrollar esta investigación conforme a derecho». Él quizás no se dé cuenta, pero la violación de los derechos procesales de un líder político en una sede política por antonomasia, como el Parlamento, delata justamente una persecución política. Al tiempo que, si la comisión Tejada hubiera desarrollado su investigación conforme a derecho, el juez no habría podido estimar la demanda. Todo contrasentido lógico, claro está, carece de significado cuando no hay más lógica que la de servir al poder de turno. La intervención del ministro de Justicia, sea que él se percate o no, revela que el asunto despierta en el Poder Ejecutivo y confirma el carácter esencialmente político de la investigación que desde las altas esferas del poder se impulsa contra AGP.

II El caso El Frontón

La línea de meterse donde no lo llaman –o, peor aún, de ir donde lo mandan– no fue inaugurada por el Ministerio de Justicia con ocasión de la sentencia de amparo que tuteló los derechos de AGP afectados por los actos arbitrarios de la comisión Tejada. Allí progresó, es verdad; pero comenzó a trazarse en el caso El Frontón. El procurador público encargado de los asuntos supranacionales –quien parece creer que ha sido ungido procurador de procuradores– interpuso un recurso ante el TC para que éste repare el 'error material' de fulminar la calificación de crímenes contra la humanidad a los luctuosos sucesos del 18 y 19 de junio de 1986 en el establecimiento penal de la isla El Frontón.

El pedido se suma a la estrategia de los promotores de calificar los crímenes atroces cometidos durante la lucha contraterrorista como crímenes contra la humanidad es dual, que cubre tanto la dimensión sustancial cuanto la formal, de modo que si fracasa la primera se sostenga la segunda. Aunque cabe subrayar que al abrir la línea de ataque formal se admite que la línea de ataque sustancial ha fracasado.

La verdad sea dicha, el TC ha puesto una pica en Flandes frente a la verdad que quería imponer la izquierda marxista, sea caviar o de línea dura. Ésta consiste en la homologación arbitraria de un Estado democrático que luchó contra la demencia asesina de dos organizaciones terroristas con la Alemania nazi que exterminaba judíos, polacos, gitanos y otras razas inferiores, o con la Yugoslavia de Slobodan Milosevic en que los serbios decidieron limpiar étnicamente su sociedad por la vía de eliminar bosnios, herzegovinos y macedonios, o con la Ruanda hutu que asesinó masivamente a los tutsis con machetes y maderos con clavos, o con dictaduras latinoamericanas como las de Videla o Pinochet que mataron opositores desarmados para hacer del poder o consolidarse en él, o con la formación de un escuadrón de la muerte bajo una dictadura para atacar blancos civiles en forma indiscriminada.

Toda vez que el crimen contra la humanidad es un crimen contextual, la definición del contexto resulta central para que un hecho pueda ser calificado como tal. Eso ha quedado claro y hasta los más entusiastas partidarios del evangelio según Izquierda Unida (IU) han dejado de sostener lo contrario. Al igual que ya no pueden rebatir la evidente falta de identidad sustancial entre un Estado democrático que, como monopolio de la fuerza, responde frente a las actividades terroristas de dos organizaciones criminales disfrazadas de grupos políticos y un Estado criminal que asesina personas por lo que son y no por lo que hacen. Otro extremo que se ha tornado indiscutible.

Los crímenes cometidos dentro de la lucha contraterrorista constituyen graves violaciones de los derechos humanos y expresan el fracaso del Estado en las obligaciones internacionales de garantizar a las personas el goce de sus derechos más esenciales. Pero carecen de mens rea, es decir, de actuación de los agentes con conocimiento y como parte de un ataque sistemático y generalizado contra población civil. La ausencia de mens rea o no hace del crimen atroz un crimen aleatorio y los crímenes aleatorios no son crímenes contra la humanidad. La consecuencia lógica es que los crímenes atroces perpetrados por las fuerzas del orden durante la lucha contra las actividades terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA no son crímenes contra la humanidad, aunque no por ello deben quedar sin castigo ejemplar.

Anotado el fracaso conceptual de la estrategia sustancial de los promotores de dar equivalencia a los crímenes cometidos durante la lucha de un Estado democrático contra las actividades terroristas de organizaciones criminales disfrazadas de grupos políticos con los crímenes execrables cometidos Estados totalitarios que eliminan personas por poseer un rasgo distintivo sin importar su conducta, corresponde rebatir la estrategia formal de cuestionar el fallo del TC por falta de votos.

La línea argumental es tanto sencilla cuanto falaz. La idea central es profundizar una contradicción aparente. Los críticos de la sentencia afirman que e l magistrado Calle Hayén señaló que el párrafo 68 (que sostiene que los hechos "no pueden ser calificados como crimen de lesa humanidad, y en consecuencia terminado el proceso penal opera la prescripción, sin posibilidad de nuevos procesamientos") no debía incluirse en la sentencia, mientras que el magistrado Vergara Gotelli señaló (1) que la sentencia únicamente debía pronunciarse sobre la motivación, (2) que no corresponde al Tribunal pronunciarse sobre si los hechos son crímenes de lesa humanidad y (3) que la calificación de si los hechos del caso prescribieron es competencia del juez penal; que, por otra parte, los magistrados Urviola Hani y Eto Cruz desestimaron la demanda en todos sus extremos. Se destaca que, sobre el punto en cuestión, Urviola señaló que era innecesario pronunciarse sobre si estamos ante crímenes de lesa humanidad para resolver el caso, mientras que Eto fue mucho más allá: sostuvo que, al margen de si los hechos son calificados o no como de lesa humanidad, incluso las graves violaciones producidas contra derechos humanos deber ser imprescriptibles (conforme a la jurisprudencia de la Corte IDH). Todo ello, en opinión de los críticos, da como resultado un fallo con solo dos votos conformes, lo que determina la inexistencia de la decisión del TC en el caso El Frontón.

El propio Ministerio de Justicia, en el habeas corpus de Ernesto Schütz Landázuri v. Poder Judicial (RTC Expediente Nº 3681-2010-HC) logró que el TC declare que los votos se cuentan por el sentido de la decisión y no por la línea argumental que exponen y obtuvo así la anulación de un fallo publicado. Hoy, con una situación exactamente contraria, en la que el sentido de los fallos coincide aunque las argumentaciones difieren, pretende conseguir exactamente lo mismo. Eso no es más que presionar políticamente a un órgano que imparte justicia para lograr que declare lo que el poder de turno desea.

La contradicción de los fallos es aparente y sus coincidencias son gruesas, al punto de justificar que terminen presentando el mismo sentido. Los magistrados Calle Hayén, Álvarez Miranda y Mesía Ramírez coinciden en señalar que los actos no son crímenes contra la humanidad porque se trataba de un Estado democrático restaurando el orden en un establecimiento penal cuyo control había sido tomado por internos procesados y condenados por terrorismo. El primero de los nombrados, habida cuenta de la inaplicabilidad de la calificación de crímenes contra la humanidad considera implícito que los hechos son prescriptibles y por eso se separa de la decisión de señalar que la prescripción será operativa luego de la sentencia del caso judicial El Frontón. El magistrado Vergara Gotelli, por su parte, sostuvo que el juez calificó los hechos como crímenes contra la humanidad aplicando normas de derecho internacional sin reparar en si eran exigibles o no para el Estado peruano conforme a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Hasta aquí se suman cuatro votos por fulminar la calificación de los hechos como crímenes contra la humanidad. Los magistrados Urviola Hani y Eto Cruz opinaron, por razones distintas, la improcedencia de la demanda, así que el resultado final sigue siendo 4 votos a favor de la demanda y 2 en contra. Así que de haber sentencia la hay, otra cosa es que no le guste a la barra brava caviar o al gobierno.

III El caso Aldo Mariátegui

El combativo periodista Aldo Mariátegui Bosse, bestia negra del marxismo supérstite, afronta una situación judicial muy desagradable para él, pero jurídicamente muy interesante. La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema habría expedido una sentencia condenatoria cuando el delito contra el honor de una persona ya había prescrito. El problema, según cree IPYS, es una objetiva falta de transparencia en el proceso judicial, que impidió a las partes informarse con claridad del estado de una causa, pues una constatación notarial –según la cual el 23 de mayo del 2013 el caso se encontraba "al voto"­– contradice la afirmación de la Sala Penal Transitoria de que el caso se había votado el 3 de mayo del 2013. Esto los lleva a la conclusión de que los jueces alteraron la fecha de emisión de la resolución para evitar que el caso prescribiera, mientras que la Sala Permanente niega ello, describiendo el procedimiento que sigue en todos los casos.

El problema, sin embargo, no se agota allí. Aldo Mariátegui, su abogado e IPYS están preocupados porque la Sala Penal no analizó las expresiones que considera lesivas al honor y su fallo concluye, sin mayor fundamento, que sostener que una persona tiene "un monto de juicios amén de muchas deudas impagas" o que "desmerece la profesión" son expresiones difamatorias. Ellos señalan que, paradójicamente, en un fallo anterior la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema consideró, luego de un análisis exhaustivo, que expresiones como "Nerón", "desadaptado social" y "zopenco", aunque desatinadas, no eran delictivas. Para colmo, tres de los cinco magistrados que suscriben ambas resoluciones son los mismos.

Dado que los argumentos más fuertes parecen correr alrededor de la controversia sobre la comunicación de la sentencia, más que sobre el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley cuando los fallos son expedidos por tribunales distintos con composición diferente, cabe señalar que se está confundiendo la gimnasia con la magnesia. El caso muy bien podría haber sido votado por la Sala Penal Transitoria sin que su secretaría registrase eso en el libro de toma de razón y esto hubiese sido certificado por un notario público. No hay en ello una irregularidad atribuible a los magistrados, sino al secretario de la Sala Suprema.

Aquí el problema es otro y es más sencillo, por tanto de más fácil solución. Versa sobre los efectos de las resoluciones judiciales, es decir, no trata de la validez del fallo sino de su eficacia. La sentencia puede muy bien existir y ser válida porque fue expedida por un tribunal competente en tiempo oportuno, pero al mismo tiempo puede carecer de eficacia porque, conforme lo señala el artículo 155, in fine, del Código Procesal Civil –el que se aplica supletoriamente a los procesos penales–, las resoluciones judiciales sólo producen efectos en virtud de su notificación hecha con arreglo a las formalidades de ley, salvo los casos expresamente exceptuados. Excepciones entre las que, por cierto, no se cuenta la notificación de la sentencia definitiva.

La paradójica situación permite señalar que ni el juez supremo César San Martín ni sus colegas miembros de la Sala Penal Transitoria han cometido infracción alguna al expedir la sentencia, a la par que tampoco la condena es eficaz frente a Aldo Mariátegui, quien fue notificado cuando ya había operado la prescripción de la acción penal. La falla estuvo en el procedimiento de notificación que, al demorarse y permitir que se agote el decurso de prescripción extintiva de la acción penal, originó que en los hechos se diera el contrasentido de una sentencia válida carente de eficacia.

Si las resoluciones judiciales solamente producen efectos en virtud de su comunicación procesal con arreglo a las formalidades señaladas por el legislador, se tiene que la sentencia dictada contra Aldo Mariátegui, para ser eficaz, tendría que serlo cuando ya había operado la prescripción de la acción penal y eso es jurídicamente imposible. Este problema debiera ser planteado serenamente ante la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema y solamente si ella pretendiera dar eficacia a un fallo notificado cuando se había completado el decurso de prescripción penal, montar el escándalo que se está montando prematuramente.

Nunca me han temblado las manos ni los dedos para criticar al juez supremo César San Martín por la propulsión de una línea jurisprudencial que, en los casos contra el fujimorismo vencido, entendí más compatible con la sed de venganza que con el legítimo espíritu de justicia. O para cuestionar sus desafueros frente al Tribunal Constitucional y defender enfáticamente al órgano de control de la constitucionalidad de sus ataques. Pero no es posible dejar de lado que su línea jurisprudencial viene experimentado una evolución hacia posiciones de mayor garantía para los procesados y que, dado su liderazgo sobre un importante sector de jueces supremos especializados en lo penal, ese salto cualitativo tiene que ser defendido en toda la línea. Al tiempo que, no por animosidad, se debe convertir en fraude jurisdiccional lo que no es más que una irregularidad atribuible a los auxiliares jurisdiccionales.

Epílogo

Los temas jurídicos han tomado por asalto la escena política nacional. La judicialización de la política o, peor aún, la politización de la justicia está en el centro de la discusión. A pesar de que el Derecho siempre será una materia opinable, existen en torno de él determinados consensos que impiden el uso artificioso, caprichoso o sesgado de los conceptos jurídicos para emplearlos como arma de ataque contra el adversario político o ideológico. El sometimiento del derecho al poder nos pone en una situación histórica anterior al surgimiento del Estado de derecho, en el que finalmente el poder se ve sometido a las normas jurídicas. Haríamos bien en entender que las reglas que hacen posible la coexistencia pacífica y fructífera de las comunidades humanas no pueden ser usadas contrariamente al fin para el que fueron consagradas y en comprender que el Derecho, tarde o temprano, se venga de quienes juegan con él.


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