Lima, dic. 15 (ANDINA). El Poder Ejecutivo propuso hoy al Congreso de la República un proyecto de ley para, entre otros aspectos, sancionar con penas de 20 a 25 años de prisión las acciones de conspiración y reclutamiento con fines terroristas. Proyecto de ley frenara de plano los intentos de reconstitución del senderismo

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La iniciativa modifica el Decreto Ley Nº 25475 y plantea la reforma integral del artículo 6-A de este dispositivo, al sumar al reclutamiento de terceros para cometer actos de terrorismo, la captación, el traslado o retención para instruir o adiestrar en acciones propias de las organizaciones terroristas.

Asimismo, en adoctrinar a través de ideas basadas en la violencia y otros rasgos propios de estos movimientos subversivos.

Las penas serán no menores a 25 años de prisión si las víctimas son mujeres, integrantes de comunidades campesinas, nativas o poblaciones vulnerables.

La misma pena se aplicará cuando los actos delictivos son cometidos por profesores o parientes, funcionarios públicos y miembros o ex integrantes de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas. En estos últimos casos, las sanciones también incluirán la inhabilitación de los implicados.

Sí las víctimas son menores de edad o madres gestantes la pena alcanzará la cadena perpetua.

El proyecto propone también establecer una pena privativa de la libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años para las acciones de conspiración terrorista. En caso que el delito que se buscaba perpetrar se encontrara sancionado con cadena perpetua, se impondrá una pena no menor de 30 años.

Inscripción ilegal

Por otro lado, la iniciativa establece que quienes promuevan la inscripción ilegal ante el Jurado Nacional de Elecciones de una organización que defiende, promueve y financia la ideología y actos de agrupaciones terroristas en el Perú o el extranjero, serán penados con entre ocho y 12 años de cárcel.

También fija los criterios para determinar conductas antidemocráticas, como el apoyo al accionar de los movimientos subversivos en el país y el exterior.

Además, se fijan diversas sanciones por la inclusión de personas sentenciadas por terrorismo en las listas de candidatos de los partidos; así como por la utilización de estas agrupaciones como fachada para la difusión de mensajes terroristas y tratar de encubrir la violencia.

Para facilitar la aplicación de estas disposiciones se propone la modificación de la Ley de Partidos Políticos, pues se considera que regula de manera muy superficial las causales para declarar la ilegalidad de una organización política vinculada a grupos subversivos.

Otra modificación propuesta en esta iniciativa busca fortalecer el Sistema de Defensa Jurídica del Estado en la lucha contra el terrorismo, potenciando su participación en diligencias y la impugnación fiscales o decisiones judiciales.

Finalmente, como parte de las medidas de fortalecimiento, se plantea la modificación de los artículos 122º y 227º del Código de Procedimientos Penales, para que el procurador especializado en delitos de Terrorismo pueda presenciar la declaración instructiva tomada por el juez.

Además, que ya no sea obligatoria la presentación de testigos y peritos cuando no se esté conforme con la reparación civil solicitada por el fiscal.