Autor: Claudia Hernández R.

Fuente: Revista Perspectiva

Entre el 24 y el 26 de enero pasados se celebró en Santiago la segunda reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en medio de fuertes medidas de seguridad por la visita y asunción del presidente cubano, Raúl Castro, como el nuevo presidente pro-témpore de la organización. La designación para dirigir el grupo de 33 naciones fue calificada por algunos jefes de gobierno como una victoria de Cuba sin precedentes desde 1959, cuando Fidel Castro asumió el poder tras la revolución que acabó con el régimen de Fulgencio Batista.

Para algunos, la presidencia de la CELAC constituye la confirmación de la inserción regional cubana y el fracaso de la política estadounidense de aislamiento. Sin embargo, más allá del éxito de la influencia del convaleciente Hugo Chávez para reposicionar la dictadura cubana, lo que se pone en juego es la legitimidad del foro continental.

A pesar de que el presidente Sebastián Piñera le recordó a Castro que "dentro de los objetivos de esta presidencia y de esta mesa está mantener la unidad, promover el entendimiento, defender la democracia y las libertades", sabemos que estos preceptos serán letra muerta para el régimen castrista.

Cuba sigue siendo el país más represivo de América Latina, como lo consigna el Informe 2012 de la organización Human Rights Watch (HRW), por lo que es evidente que con su nombramiento se están abandonando compromisos colectivos en derechos humanos y libertades públicas que se han venido perfeccionando en las últimas décadas en el hemisferio.

Si bien el rol de la OEA ha tenido exiguos resultados prácticos en la defensa de la democracia, a pesar de la aprobación de la Carta Democrática, las peculiares interpretaciones de "democracia" proveniente de los países de la ALBA, y posteriormente al dejar sin efecto la suspensión de Cuba del sistema interamericano, contribuyeron a restarle credibilidad y negarle la poca eficiencia que hace años había demostrado.

En ese sentido, la CELAC ha perdido la oportunidad de fortalecer el potencial de la organización para la protección internacional y la vigencia real de los derechos fundamentales en América Latina.

Finalmente, el Socialismo del siglo XXI ha resultado victorioso al ejercer influencia en muchos de los gobiernos latinoamericanos y del Caribe, relegando la autoridad de Estados Unidos a un segundo plano. Lo que en estricto rigor pudiera ser poco relevante, ya que en términos de cultura e intereses los países de la región tenemos muchas semejanzas, se ha convertido en un problema, pues la influencia de los petrodólares va apegada a un interés ideológico contrapuesto a la democracia y afín al populismo, y por lo tanto, contrario a los objetivos que la organización plantea en principio defender. Una nueva ironía regional.

* Cientista política, investigadora del Programa Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo