El Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo que todo negocio o empresa llamado por Ley a comunicar operaciones sospechosas forma parte integrante de la estructura y organización interna de sujeto obligado, quien está debe cumplir todas y cada una de las obligaciones que la Ley le asigna. En efecto, además de las obligaciones de índole laboral frente al Ministerio de Trabajo, de carácter tributario frente a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, debe también ceñirse al cumplimiento de la normativa anti lavado que le sea aplicable frente a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Está claro que todo incumplimiento de la Ley genera la aplicación de sanciones y la vulneración de las normas sobre prevención del lavado de activos no es la excepción.

Bajo este contexto, uno de los aspectos que debe tenerse en cuenta es la ubicación del Oficial de Cumplimiento dentro de la organización empresarial, el mismo que, por la importancia del cargo, tiene la categoría de gerente y así debe constar dentro del organigrama del negocio.

El Manual para la Prevención y el Código de Conducta deberán ser aprobados por el órgano unipersonal o colegiado de mayor jerarquía dentro del negocio o de la empresa, ser puestos en vigencia dentro de plazos razonables que aseguren su lectura y posterior aplicación, y su cumplimiento deberá ser vigilado de manera permanente.

Debe quedar claro que las obligaciones de cumplimiento no es sólo responsabilidad del Oficial de Cumplimento o del representante legal del sujeto obligado, sino, por el contrario, corresponde a todos sus trabajadores, como aspecto inherente a sus funciones. No cumplir el Manual para la Prevención o el Código de Conducta, no es otra cosa que incumplir sus responsabilidades como trabajador, quedando expedita la aplicación de las sanciones correspondientes.

La lucha contra el lavado de activos dará resultado siempre que todos los sectores nos comprometamos con acciones concretas orientas a impedir que las personas y organizaciones criminales disfruten libremente de los beneficios del delito, donde la participación de los agentes económicos es fundamental para el éxito previsto.