¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Defensor escriba una noticia?
El Estado no cumple con su obligación de promover políticas públicas efectivas de prevención del delito, menos reorganiza el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana cuya probada ineficacia lo ha convertido en un inservible monumento a la burocracia
PREVENIR EL DELITO ES TAREA DE LOS ESPECIALISTAS. Por: Hugo MüllerAbogado - PERU mullerabogados@hotmail.com
Vivimos en un país inseguro, de eso no le cabe la menor duda a ningún peruano. Ninguna autoridad logra controlar el acelerado incremento delincuencial, mucho menos la percepción de inseguridad y lo que es peor, el temor a vivir o invertir en el desarrollo de nuestro país. Algunos consideran que el trabajo represivo de la policía es efectivo, pero que pese a los esfuerzos por capturar a los infractores de la ley, salen en libertad por los beneficios y garantías procesales; por su parte los Alcaldes desarrollan iniciativas para disminuir la inseguridad, pero no logran objetivos concretos y entonces se quejan que no reciben el apoyo necesario de la Policía o de no disponer de recursos económicos suficientes. Los ciudadanos piensan que para disminuir la delincuencia se debe incrementar las penas, hasta la cadena perpetua e incluso la muerte, que los policías deben tener mejores armas, más vehículos y mayor presencia en las calles.
Mientras tanto el entorno social delictivo avanza y el Estado permanece indiferente, respondiendo solo con medidas populistas y facilistas: Incremento de penas, compra de vehículos policiales y mayor cantidad de efectivos, aunque sea solo con un año de instrucción. Se cree y repite continuamente que con mayor cantidad de recursos se resuelve el problema, pero nadie pone sobre la mesa, los métodos, las estrategias o los resultados que así lo demuestren.El investigador mexicano Ernesto López Portillo (1) ha analizado una situación similar en su país y dice lo siguiente: “Las administraciones publicas no incluyen en sus cuadros expertos en seguridad y violencia; por eso, en el mejor de los casos, se repiten los viejos remedios, en un contexto de nuevos problemas”. Es la misma situación que sucede en nuestro país, hemos puesto la Seguridad Ciudadana en manos de los Alcaldes que no son expertos en el tema, tenemos un Ministro del Interior y un Secretario Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que tampoco lo son y lo mismo sucede con las personas que dirigen la Policía Nacional, sería una absurda premisa pensar, afirmar o creer que por el hecho de ser Policías, todos los integrantes de la PNP son expertos en seguridad ciudadana, porque eso no es verdad.
Lo peor de todo es que los asesores de estas autroridades no son expertos en seguridad ciudadana. Para López, un aspectro negativo frente a esta incapacidad, es la resistencia al cambio por parte de funcionarios y policías. Muy poco se puede hacer cuando no se quiere cambiar la manera de hacer las cosas en razón de intereses personales o ilegítimos; en ese caso...Pero las resistencias pueden ser también producto del desconocimiento de las alternativas...”, agrega el experto.La Policía Nacional mantiene un perfil reactivo, detiene a las personas que han cometido delitos solamente cuando se encuentran requisitoriadas por la autoridad judicial o cuando han sido sorprendidas en flagrante delito. Encuestas realizadas en la ciudad de Trujillo sobre un supuesto Escuadrón de la Muerte conformado por policías, la población no solo defendía la inocencia de los Policías, sino que además felicitaba a los Policías en el supuesto de que efectivamente fueran autores de las muertes atribuídas, porque "estan limpiando a la ciudad de delincuentes". Reacciones de este tipo se dan precisamente por la falta de eficacia del trabajo preventivo que realiza la Policía; la población apruebe la gestiòn policial solo en función a las capturas, operativos, decomisos o enfrentamientos con la delincuencia.
Lo peor de todo es que los asesores de estas autroridades no son expertos en seguridad ciudadana
En tanto, el Estado no cumple con su obligación de promover políticas públicas efectivas de prevención del delito, menos reorganiza el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana cuya probada ineficacia lo ha convertido en un inservible monumento a la burocracia empeñado en realizar actividades centralistas o transitorias sin mayor trascendencia y cuyo único propósito es justificar el gasto de los recursos del Estado que recibe. Pero todo esto sucede en el Perù, como lo ha analizado López Portillo en su paìs, por la falta de expertos y especialistas a cargo de estos organismos gubernamentales de tanta importancia.Ahora todo es más difícil que antes porque la inseguridad y la violencia han crecido, de manera que toda medida que no sea percibida como “de alto impacto”, es calificada como inservible, dice López.
El círculo vicioso se cierra: La inseguridad y la violencia crecen, los gobiernos la enfrentan principalmente desde la intuición y bajo presión de la poblaciòn, vienen las “medidas de alto impacto” que en el fondo o no sirven para nada o empeoran las cosas, la inseguridad y la violencia crecen, y así sucesivamente. Y lo que es peor, tenemos un Ministro del Interior que pretende hacernos creer a como dé lugar, que solo las medidas oficialistas de su Despacho son confiables. Finalmente López afirma: Lo urgente es detener la inseguridad y la violencia, pero lo importante es dotar a los gobiernos de personas capaces de hacerlo. ¿Hasta cuándo?
(1)LOPEZ PORTILLO, Ernesto. “Inseguridad lo urgente y lo importante”. Fundador y Director Ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C., mejor conocido como INSYDE. Consejero de la Comisión de Derechos Humanos de MEXICO DF. En 1990 ingresó al Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde se involucró en investigaciones internacionales comparadas sobre la policía, la seguridad pública, el sistema de justicia penal y la delincuencia organizada. Casi 20 años después sus actividades profesionales están centradas en la construcción de políticas y cuerpos de seguridad eficaces, eficientes y democráticos.
Las administraciones publicas no incluyen en sus cuadros expertos en seguridad y violencia