La prostitución suscita muchas estrategias a la hora de dar tratamientos normativos ante el fenómeno y que van desde la directa legalización y regulación, hasta la absoluta persecución legal. Existen tres enfoques jurídicos distintos: el sistema prohibicionista, el sistema reglamentarista y el sistema abolicionista.

Sistema Prohibicionista:

La prostitución es prohibida y castigada con la cárcel, con multas o con medidas

reeducadoras para quien la ejerce, organiza y/o promueve. Los argumentos esgrimidos en su defensa son:

- El Estado debe cuidar y reglamentar la moral pública en aras del interés general.

- Es mejor que la prostitución sea vigilada y no clandestina.

- Si no se prohíbe, se facilita el camino a aquellas personas que se hallen próximas a ella.

- Si la prostitución no es punible, es más difícil aplicar las disposiciones que prohíben la explotación ajena.

- No prohibir su ejercicio puede motivar que la opinión pública considere que los

gobernantes toleran el vicio por considerarlo un mal necesario.

En la Europa premoderna, se ponía especial énfasis en la sanción de la prostituta que del cliente, consideraba a la prostituta delincuente y al cliente víctima tentada por “Eva”. En cambio, en algunas variantes recientes, neo-prohibicionismo, la intervención por el lado de la demanda asume una importancia fundamental, tal es el caso de Suecia, donde desde el 1 de enero de 1999 entró en vigor una ley que condena al usuario de prestaciones sexuales.

Sistema Reglamentarista:

Es la tendencia, difundida en Europa tras las conquistas napoleónicas, a regular administrativamente el ejercicio de la prostitución mediante sistemas de ficheros, controles sanitarios y aplicación de tasas a las utilidades. En la actualidad este sistema está vigente en Europa, bajo formas renovadas y más blandas, en una minoría de países: Alemania, Grecia y Holanda.

Hoy día, este sistema aboga por políticas de intervención y rehabilitación de las mujeres prostituidas y por la intervención penal sobre los proxenetas y los clientes

Sitúa a la prostituta bajo control médico y judicial y determina en qué lugares puede ejercer la actividad, limitando su acceso a los menores de edad. Los argumentos esgrimidos en su defensa son:

- Aumenta la seguridad física de las prostitutas.

- Acaba, en gran medida, con las redes criminales organizadas que podrían dar salida a sus prostitutas dentro de los marcos legales.

Las motivaciones políticas, que han sido el motor de esta regulación, parten del intento de controlar las EE.TT.SS., el delito a gran o pequeña escala y la evitación del escándalo público. Incluye a las personas que ejercen la prostitución en los sistemas sanitarios pero no por razones relacionadas con la calidad de vida de la persona que se prostituye sino como una manera de aumentar la seguridad de sus clientes.

Sistema Abolicionista:

Esta posición, originada en Inglaterra a mediados del siglo XIX, en contraposición a la regulación, no sanciona la venta de prestaciones sexuales ni condena al cliente, pero prohíbe la explotación de la prostitución y el acto de inducir a la prostitución. Durante el siglo XX el enfoque abolicionista se difundió enormemente hasta llegar a ser predominante Europa. Esta propagación del abolicionismo se vio favorecida también por el hecho de que tal modelo fue codificado en el “Tratado para la Supresión de la Trata de Seres Humanos y de la Explotación de la Prostitución” aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2 de diciembre de 1949 y firmado el 21 de marzo de 1950. Este tratado de 1950 ha sido ratificado por unos 70 estados y constituye un denominador común de las normas jurídicas nacionales sobre la prostitución en gran parte del mundo.

Los argumentos esgrimidos en su defensa son:

- La prostitución es la violencia o abuso sexual pagado y permitido por todos.

- No existe, en general, una prostitución libre; no hay libertades posibles en el acto de la venta del cuerpo.

- Romper con la identificación de la prostitución con la prostituta eximiendo al cliente.

- La prostitución es entendida como necesaria para cubrir las necesidades de los hombres.

Hoy día, este sistema aboga por políticas de intervención y rehabilitación de las mujeres prostituidas y por la intervención penal sobre los proxenetas y los clientes.