Organismos humanitarios, dirigentes sindicales y de partidos de la oposición, reclamaron la libertad de la activista argentina Milagro Sala al cumplirse este lunes un año de su detención calificada de "arbitraria" por la ONU.

Sala, de 52 años, cumple prisión preventiva en la provincia andina de Jujuy (noreste), donde la organización Tupac Amaru que lidera, construyó miles de viviendas sociales a través de cooperativas de trabajo financiadas con fondos del Estado federal durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003/2015).

"Estamos haciendo un tremendo papelón internacional que no sólo afecta al gobierno sino a todos los argentinos", dijo el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, en una conferencia de prensa en la sede de la Tupac Amaru en Buenos Aires, que se transformó en un acto político con declaraciones de dirigentes opositores y decenas de adhesiones.

Denunció que en el caso Sala, diputada electa del Parlasur por el movimiento kirchnerista, se observa "un deterioro gravísimo del estado de derecho nacional y no solo de Jujuy", gobernada desde diciembre de 2015 por Gerardo Morales, un aliado del presidente Mauricio Macri (centro-derecha).

La detención de Sala fue considerada "arbitraria" por el grupo de trabajo ad hoc de las Naciones Unidas, que reclamó su liberación inmediata, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

"La privación de la libertad de Milagro Sala continúa siendo violatoria del principio de inocencia, del principio de legalidad, del derecho de defensa en juicio, de la cosa juzgada", declaró Amnesty International en un comunicado este lunes.

- Visita de la CIDH -

Sala está encarcelada desde el 16 de enero de 2016 cuando fue detenida acusada de sedición por organizar una protesta contra Morales, recién asumido, ocupando una plaza por 51 días.

Fue luego excarcelada pero inmediatamente fue procesada por la justicia de Jujuy por defraudación de fondos públicos para la construcción de viviendas y siguió presa, lo que la dirigente indígena atribuye a una persecución política.

Alberto Rodríguez Saa, gobernador opositor de la provincia de San Luis, que visitó a Sala en la cárcel en la víspera de la Navidad pasada, afirmó que Sala "es una presa política, es una vergüenza que esté pasando esto en la Argentina", dijo.

La detención de la líder social y política divide aguas en Argentina.

Las autoridades políticas de Jujuy acusan a Milagro Sala de malversación de fondos y fue denunciada por usar métodos autoritarios y violentos. "Se robó todo" dijo Morales.

Invitada por el gobierno tras las denuncias internacionales, una delegación de la CIDH viajará en mayo a Jujuy.

Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Milagro Sala, denunció en la rueda de prensa que las autoridades pretenden manipular a los observadores internacionales, cuya misión será comprobar el carácter arbitrario de la detención.

Una marcha multitudinaria en reclamo de la libertad de la dirigente indígena se desarrolló al término de la rueda de prensa, mientras otros actos fueron convocados en varias ciudades del país.

En diciembre pasado, tras casi un año encarcelada en Jujuy, Milagro Sala fue condenada a tres años de prisión en suspenso por daños en una marcha en 2009 contra Morales, cuando el ahora gobernador era un senador opositor pese a que la digirente no participó de esa manifestación.

También fue condenada a pagar una multa por la protesta que la llevó a la cárcel y se le prohibió formar parte de cualquier organización por tres años y tres meses.