El día de ayer (18) algunos alcaldes de la región participaron en una marcha por la ciudad de Piura, protestando por el “recorte del Foncomun y del Canon realizado por el gobierno en perjuicio de los municipios”; reclamo que me ha permitido hacer un análisis técnico de este tema y que pongo a consideración de la ciudadanía.

El Fondo de Compensación Municipal es un fondo establecido en la Constitución Política del Perú, con la finalidad de promover la inversión en las diferentes municipalidades del país, con un criterio redistributivo a favor de las zonas mas alejadas y deprimidas, priorizando la asignación a las localidades rurales y urbano marginales del país; sus recursos provienen básicamente del 2% del Impuesto de Promoción Municipal (93, 72%), del Impuesto al Rodaje (6, 15%) y del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo (0, 13%); y los índices de distribución se establecen mediante Decreto Supremo, respetando criterios de pobreza, población y territorio.

Originalmente la Ley de Tributación Municipal, prohibió expresamente el uso de estos recursos en gasto corriente, bajo responsabilidad del Director Municipal; luego, la Ley Nº 26891 (10-12-1997) permitió el uso de hasta el 20% para gasto corriente, fijando como mínimo a percibir mensualmente el equivalente a 4 UIT; mediante Ley Nº 27082 (01-04-1999) se amplía hasta el 30% a destinar para gasto corriente, señalando la responsabilidad de su incumplimiento al Alcalde y el Director Municipal. Posteriormente con Ley Nº 27616 (29-12-2001) se incorpora como tributario de este fondo, el 25% del Impuesto a las apuestas; y se establece como mínimo a percibir por las municipalidades, el equivalente a 8 UIT mensual; finalmente, a partir del año 2003 la Ley Nº 27630, dispone que el Concejo determinará anualmente el uso de la totalidad de los recursos del Fondo de Compensación Municipal, de acuerdo a sus necesidades; hecho que trajo como consecuencia el ejercicio abusivo de la autonomía económica municipal llegando a extremos de destinar el 100% para gasto corriente.

Como puede apreciarse el Congreso en forma demagógica y privilegiando la ineficiencia de las autoridades locales, así cómo su incapacidad para generar sus propios recursos; fue incrementando los porcentajes que podían destinarse para gasto corriente, hasta llegar a autorizar el uso de la totalidad del Foncomun para este concepto, que no necesariamente es sólo pago de planillas, pero que en la generalidad de municipalidades se destina para pagar salarios de funcionarios, y el ejército de contratados por la gestión de turno; así tenemos que conforme a estándares internacionales debería existir un servidor municipal por cada mil habitantes, lamentablemente en las municipalidades de la región este promedio se quintuplica con facilidad, elevando innecesariamente el monto requerido para planillas, pues generalmente estos servidores no cumplen labor efectiva o duplican personal para una misma labor, o se inventan cargos para dar cabida hasta a ex regidores, otrora fiscalizadores, ahora condescendientes con los funcionarios de turno para mantenerse en el cargo con la esperanza de pasar el año y de acuerdo a la nefasta Ley 24041 que nadie ataca ni propone su derogatoria, quedarse como contratado permanente, en detrimento de la inversión beneficiosa para toda la comunidad.

En esta línea de análisis podemos establecer entonces que, en honor a la verdad, no se ha realizado ningún recorte de los recursos del Foncomun ni de Canon; ya que esto sería cierto si los porcentajes que correspondieron a una municipalidad aplicando los criterios preestablecidos, hubieran sido disminuidos por dispositivo legal expreso; lo que ha sucedido es que como consecuencia de la crisis internacional que nos afecta, los ingresos tributarios, y por tanto el Impuesto de Promoción Municipal (que como dijimos constituye el 97% de los recursos del Foncomun) han disminuido considerablemente, lo que origina que el monto a distribuir sea mucho menor; del mismo modo los recursos por Canon Petrolero han disminuido drásticamente por la reducción del precio del crudo a nivel internacional, que de casi 150 dólares el barril, ha llegado a niveles inferiores a los 50 dólares.

Es necesario pues, que las autoridades locales junto a sus funcionarios muestren su capacidad de gestión, no con marchas sustentadas en mentiras o medias verdades, como aquellas que señalan el peligro de no poder brindar el servicio de seguridad ciudadana y de limpieza pública, por “estos recortes”; sin tener en cuenta que la Constitución y las leyes reconocen facultades tributarias a los gobiernos locales, lo que les permite crear arbitrios como limpieza pública y serenazgo para cubrir sus costos; lamentablemente la ciudadanía no cumple con cancelar estos tributos, porque las municipalidades tampoco cumplen con brindarlo en forma eficiente y regular, agravado por el hecho de que las ordenanzas que los crean y regulan, no se ajustan a los parámetros y criterios establecidos en la Ley de Tributación Municipal, ratificados por el Tribunal Constitucional en más de una Sentencia vinculante a todas las municipalidades del país.

Todo lo antes dicho, no excluye por cierto, la necesidad de que el gobierno de alguna manera asista a los municipios mas afectados con estos menores ingresos, pero exigiendo la optimización del uso de estos recursos, premiando a quienes en base a trabajo y gestión logran reducir los índices de pobreza, y no castigándolos como hasta ahora; otorgando un plus relacionado con la mejora en su recaudación propia, derivando la cooperación internacional hacia las localidades que garanticen seguridad, desarrollo, mejor calidad de los sevicios, transparencia en la ejecución de los recursos, entre otros factores requeridos para invertir y beneficiosos para la población. Debo advertir sobre la pendiente peligrosa que está tomando los recursos del Canon, (al igual que en su momento el Foncomun), al permitirse primeramente (2005) destinar hasta el 20% para mantenimiento de la infraestructura, y el 5% para la elaboración de perfiles (2006); porcentajes no utilizados precisamente en estos menesteres, sino en cubrir desfases del gasto corriente improductivo y disfrazado; y que ahora los alcaldes piden autorización para usar un mayor porcentaje en gasto corriente, con el peligro de convertirse en recursos para pago de la ya sobrepoblada burocracia municipal.

Consideramos que existe infinidad de fuentes proveedoras de recursos para el desarrollo sostenido y sostenible de los municipios, para cuyo aprovechamiento se requiere de proyectos elaborados con tecnicismo y honestidad, que superen los análisis a los que deben someterse para su aprobación; lamentablemente este es una de las debilidades de las gestiones públicas, al encargar este tipo de estudios y proyectos, al compadre o amigo cercano, el mismo que en forma deshonesta “chanca” o copia otro parecido de internet y lo entrega para cobrar, en colusión o connivencia con los funcionarios que deben revisar y aprobarlo; trayendo como consecuencia que según el Banco de Proyectos del MEF, existe un extenso número de proyectos en evaluación u observados, pero que las entidades ya los cancelaron; como el caso recientemente denunciado en la Municipalidad de Talara, donde no sólo se ha cancelado un proyecto que no sirve, según declaraciones de sus propios funcionarios, sino que se está licitando nuevamente por un valor cinco veces mayor que el anterior.

Esperamos que a la luz de la nefasta experiencia de los sucesos de la amazonia cuyo principal combustible fue la mentira o medias verdades; las autoridades de la región soliciten recursos al gobierno central para cubrir los menores ingresos por las razones mencionadas, presentando propuestas viables, pero sin mentir a la población ni enfrentándola con el gobierno, no porque creamos que la gestión del gobierno central sea la mejor, sino porque la verdad es que no existe el pregonado recorte, sino menores ingresos producto de la crisis mundial que se vive.