La pandemia va a durar un mínimo de dos años y desafortunadamente es muy posible que vaya a causar unas 200.000 muertes en España. [http://es.globedia.com/cifras-gripe-espanola-1918-1919-covid-2020] Ya llevamos más de 58.000, si se cuentan bien, y han pasado solo ocho meses. Alrededor del 83% de los fallecidos eran mayores de 74 años y casi el 95% eran mayores de 65 años. [https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/MoMo/Documents/informesMoMo2020/MoMo_Situacion%20a%2026%20de%20octubre_CNE.pdf]

La vacuna aún está en el aire y cuando se tenga es claro que tardará en llegar a todos. Por ello, hay que procurar no contagiarse y, si se contagia uno,   tratar de no contagiar a otros.

Ni gobierno ni oposición se están preocupando realmente por las vidas y la salud de los ciudadanos, solo intentan: aparentar que hace algo, el gobierno; y desgastar a los contarios, ambos.

El gobierno no ha hecho nada suficientemente útil, pero la oposición tampoco ha propuesto nada, se ha limitado a la crítica destructiva con el único fin de desgastar al gobierno, diciendo que lo que hace, o no hace el gobierno, está mal, pero sin sugerir lo que se debería de hacer.

No se informa del porcentaje de positivos sobre el total de pruebas, PCR y otras, realizadas. Habría que trabajar con una medida de la prevalencia en cada periodo de estudio y no solo con el número de infectados, como parece que se está haciendo. Si se hacen pocas pruebas pueden detectarse pocos infectados, lo que no quiere decir que no haya muchos más. Por eso es crucial para analizar el avance de la pandemia conocer el porcentaje de infectados respecto al total de pruebas realizadas.

Se ha perdido lastimosamente el tiempo desde marzo con medidas que, en el mejor de los casos no hacen más que intentar retrasar los contagios, pero no los evitan y, sin embargo, deterioran la economía y debilitan el ánimo de los ciudadanos.

No se trata tanto de evitar los contagios o de laminarlos en lo posible; sobre todo es necesario centrarse en tener la posibilidad de atender a los enfermos para reducir al mínimo la letalidad.

Desde el primer día habría que haber intentado asegurar que se disponía de las plazas hospitalarias y de UCI y de los médicos y sanitarios necesarios para atender a una avalancha de enfermos.

Podría haberse intentado formar sanitarios especializados solo en Covid-19 por procedimientos exprés.

Seguir destruyendo la economía no va a resolver nada, pues ya se ve que aun con la economía prácticamente parada los contagios siguen a un ritmo estremecedor.

No obstante, parece razonable intentar que no se extienda la enfermedad de forma exponencial, por eso las medidas que pretenden evitar reuniones masivas y promover que se utilicen mascarillas cuando se reúne gente, deben de ser escuchadas.

A este respecto, si olemos el humo de los cigarrillos parece claro que lo que venga con él nos llega a las mucosas nasales. Por eso sería bueno que no se fumase en lugares, incluso al aire libre, en los que hay gente, aunque se utilice mascarilla.

Cuando se encuentra gente que hace caso omiso de esas medidas, como en las fiestas y botellones, privados o no, manifestaciones negacionistas o antimascarillas y otras actividades de clara insolidaridad se debería de identificar en ellas al máximo de personas posible e inscribirlas en un registro establecido al respecto.

La lucha contra la pandemia y la recuperación económica han de asegurar que mantenemos habitable el planeta

Se trataría de un registro que obligatoriamente deberían de consultar los centros sanitarios, tanto públicos como privados, cuando se solicite un ingreso de cualquier persona con síntomas de coronavirus o por otra enfermedad y si esa persona está en el registro de identificados en las circunstancias anteriores no debería de ser atendido en tanto hubiera otras personas que demanden atención y que no estén en ese registro.

Los que contribuyen por su irresponsabilidad a saturar el sistema sanitario  deben de ser los primeros que sufran las consecuencias de esa irresponsabilidad. La permanencia en el registro debería de prolongarse unas tres semanas desde su inscripción en él y, por supuesto, si hay varias inscripciones el plazo de tres semanas se debería de referir siempre a la última inscripción. Transcurridas esas tres semanas desde la última inscripción deberían eliminarse del registro y ser atendidos normalmente si lo necesitasen.

Ahora que el escenario creado por la pandemia tiene un gran protagonismo en la situación económica y una influencia tal vez mayor que nunca antes en el bienestar de los ciudadanos y sobre todo en el de los más vulnerables y desfavorecidos, los parlamentarios y miembros del gobierno y de la Administración cuyos nombramientos tengan carácter político deberían de mostrarse solidarios y tener sus remuneraciones indexadas al PIB y a un indicador de bienestar, como los índices de desigualdad de Gini, Theil, Atkinson, … [https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43678/1/S1800511_es.pdf], ya que están en sus puestos para que el país prospere y todos los ciudadanos aumenten su bienestar.

Si eso es así, es justo que ellos prosperen en la misma medida, pero si el PIB y el bienestar decrecen, sus remuneraciones deben de hacerlo igualmente. De todas formas, este criterio, tras su implantación en esta situación excepcional, se debería de mantener con carácter general en el tiempo.

Por supuesto que en un sistema democrático los parlamentarios, el gobierno y los puestos políticos de las Administraciones están ahí porque se les ha votado y si no lo hacen bien no se les votará otra vez, pero, de todas formas, durante la duración de sus legislaturas deben de esforzarse al máximo y conseguir que el país, comunidad o municipio prosperen y todos los ciudadanos aumenten su bienestar, por ello sus remuneraciones deben de estar ligadas al PIB y al bienestar social, variando en la misma medida que éstos cada año.

La medida que se plantea debe de ser igualmente aplicable a los parlamentos, gobiernos y políticos autonómicos, de acuerdo con los PIB e indicadores de bienestar social en el ámbito de sus respectivas Comunidades Autónomas.

En el caso de los representantes municipales, sus remuneraciones deberían de ligarse a indicadores de bienestar social de su ámbito, como los índices de desigualdad (Gini, Theil, Atkinson, …).

Un algoritmo general sencillo para aplicar este planteamiento podría contemplar que, si tanto el PIB como el Índice de Bienestar Social elegido (IBS), por ejemplo la desigualdad, mejoran, las remuneraciones de los políticos lo harían según el producto de ambas mejoras; por ejemplo, si el IBI mejora un 3% y el IBS lo hace en un 4% las remuneraciones de los políticos lo harían en un 7, 12% (1, 03 x 1, 04 - 1). Análogamente, si ambos empeorasen lo harían también las remuneraciones; por ejemplo si el IBI empeora un 3% y la desigualdad crece un 4%, las remuneraciones de los políticos decrecerían un 6, 88% (1 - 0, 97 x 0, 96). En los casos mixtos la remuneración de los políticos descendería tanto como lo haga el indicador que no mejora, independientemente de cual fuese la mejora del otro indicador.

La recuperación económica debe de promoverse e impulsarse centrándola en soluciones estructurales que creen riqueza y aporten desarrollo a la economía y mayor bienestar al conjunto de la sociedad y de los ciudadanos. Las políticas para la recuperación económica no deben de limitarse al simple gasto improductivo, como la reparación de aceras que no la necesitan, pues de esta forma se da trabajo a unos pocos durante poco tiempo pero no se crea riqueza.

Tanto la lucha contra la pandemia como la recuperación económica han de tener muy presente la necesidad imperiosa de mantener habitable el planeta. En efecto, puede que no muramos por la Covid pero hay muchas probabilidades de que lo hagamos enterrados en basura, aumentada de forma exponencial por guantes, mascarillas, toallitas desechables, papel de limpieza y envases vacíos de lejía y gel hidroalcohólico...

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