Inaceptable. Se ha convertido en una rutina que efectivos expectorados de la Policía Nacional acusados de graves delitos recurran a los tribunales para retornar a la institución.

Consiguen no solo volver a la PNP sino también que se les reconozca el grado y se les pague todos los años que no estuvieron en la policía. Hay 1.900 agentes en esta situación que están a un paso de volver a la institución.

Cada vez es más frecuente que oficiales de la Policía Nacional dados de baja consigan retornar a la institución mediante acciones judiciales.

Cerca de 60 efectivos policiales al año son pasados al retiro por medida disciplinaria, de los cuales aproximadamente 30 logran la reincorporación por mandato del Poder Judicial.

Según fuentes de la Dirección de Personal de la Policía Nacional, hoy son 1.900 los efectivos expulsados por medida disciplinaria que buscan por vía judicial volver a funciones.

Para las autoridades de la Policía Nacional, los oficiales y subalternos expulsados han encontrado en las argucias judiciales un mecanismo rápido y efectivo para volver a usar el uniforme policial no obstante la gravedad de las acusaciones que motivaron su expectoración.

El 4 de abril del 2002, el entonces jefe del Departamento Sicotrópico de la Policía Antidrogas, mayor PNP Miguel Celi Astudillo, fue sorprendido por un equipo de la Inspectoría de la Policía Nacional cuando pretendía cobrar tres mil dólares a los familiares de un narcotraficante.

Siete meses después, el mayor Celi fue apartado de la institución, no por medida disciplinaria, como correspondería, sino por ‘renovación de cuadros’.

El oficial apeló al Poder Judicial y el 14 de marzo del 2005 obtuvo el fallo de un juzgado de Piura que dispuso su reincorporación.

Luego, el 23 de diciembre del 2010, una resolución judicial de la misma región mandó que se le ascendiera al grado de coronel.

Hoy, el coronel Miguel Celi Astudillo, miembro de la promoción ‘Los Heroicos" de la ex Policía Investigaciones del Perú (PIP), se desempeña como secretario del Consejo de Investigaciones de Oficiales de la Policía Nacional. Su papel es de fiscalizador.

El coronel Celi dijo a La República que la denuncia por extorsión provino de los familiares de un narcotraficante con la intención descalificarlo. ’Me acusaron porque yo era el jefe del operativo. Buscaban sacarme de la investigación. Soy un oficial ejemplar y con una hoja intachable". Sin embargo, en los archivos de la Inspectoría General, el coronel Celi figura cuatro investigaciones por faltas graves en sus deberes de función.

RETORNO EXPEDITIVO

El 5 de abril del 2007, agentes de inteligencia de la Policía Antidrogas detuvieron a cinco oficiales de la misma institución en la residencia de un español acusado de narcotráfico. Le pidieron 50 mil dólares para liberarlo.

Fueron acusados los mayores Carlos Osorio Rivera, Wagner Sánchez Chamachi y Walter Romero Carrillo, los capitanes Alex Arrué García y Guillermo Villar Egúsquiza y el suboficial Manuel Mendoza Ávila.

Los efectivos fueron denunciados en el fuero común y recluidos en el penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro, en Canto Grande.

En el 2010, la PNP dio de baja a los seis policía por medida disciplinaria. Dos años después, el 22 de noviembre del 2012, la Sala Penal Nacional absolvió a los oficiales Romero, Osorio, Sánchez, Arrué y Villar. De los cinco, Osorio, Arrué y Villar ya fueron reincorporados a la PNP por mandato judicial.

El mayor Carlos Osorio Rivera, uno de los oficales acusados de extorsión y que logró retornar a la PNP, dijo que la acusación de extorsión fue invento.

‘Nunca extorsionamos a nadie. Fue una mentira montada por nuestros propios colegas. La justicia nos ha dado la razón’, dijo el mayor Carlos Osorio.

SON VARIOS CASOS

En 1998, el capitán Luis Gallegos Arias fue dado de baja acusado de pertenecer a una organización del narcotráfico y fue enviado al penal Sarita Colonia, del Callao. Tres años después, debido a que no había recibido sentencia, el Poder Judicial dispuso la excarcelación de Gallegos.

En el 2005, el capitán Luis Gallegos logró que el Tercer Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Lima dispusiera su reincorporación al servicio. El Poder Judicial además mandó se le reconocieran los grados de mayor y comandante, así como todos los sueldos truncos mientras estuvo fuera de la institución.

OTROS CASOS

Gallegos hoy pertenece a un grupo operativo de la División de Investigación de Robos.

‘Nunca probaron la supuesta vinculación con el narcotráfico, por eso la justicia ordenó que retornara a la Policía’, manifestó el comandante Luis Gallegos a La República, quien aspira al grado de coronel.

‘La reincorporación de los efectivos dados de baja por medida disciplinaria se ha convertido en un verdadero negocio. Hay jueces que se prestan a esta actividad sin medir las consecuencias de sus actos. La reincorporación por vía judicial fomenta el caos y la indisciplina en la Policía Nacional’, dijeron fuentes de la Dirección de la PNP.

‘Tenemos registrados varios casos de policías reincorporados que volvieron a cometer delitos, lo que significa que no retornaron a la institución por vocación sino con el ánimo de delinquir’, dijeron las fuentes.

El 13 de diciembre del 2010 el comandante Percy Nicho Matienzo fue pasado al retiro por medida disciplinaria. De inmediato recurrió al Poder Judicial, y a los siete meses el Juzgado Mixto de Villa El Salvador dictó una medida cautelar a su favor, con lo que el comandante retornó a funciones. Hoy labora en la Dirección de Operaciones Policiales (Direop).

Contactado por La República, el comandante Nicho dijo que nunca había sido dado de baja.

El 14 de marzo del 2000, las autoridades de la PNP defenestraron al alférez PNP Miguel Betancourt Pérez por medida disciplinaria.

Más de una década después, el 18 de enero del 2011, el Segundo Juzgado Especializado Laboral de la región La Libertad mandó la reincorporación del oficial y le reconoció los grados de teniente, capitán y mayor, respectivamente. Además, el pago de sueldos y bonificaciones que no percibió mientras estuvo fuera de la PNP. Así cualquiera.

A pesar del tiempo transcurrido, muchos efectivos llegan a ganar en los tribunales.

El 18 de febrero de 1998, el comandante PNP Jaime Sosa Castillo fue expulsado por medida disciplinaria. El 20 de julio del 2012, luego de catorce años de pleito en los tribunales, el Primer Juzgado Civil del Callao falló a su favor y dispuso la reincorporación del oficial. Como en los anteriores casos, a Sosa le reconocieron los grados y los sueldos truncos.

‘Ese es otro de los graves problemas. No solo reingresan a la institución de la que fueron expectorados sino también se les premia con el reconocimiento del grado superior y con sueldos que no cobraron. Es indignante’, dijeron las fuentes de la Dirección de la PNP.

PRESIDENTE DEL PJ EXHORTA A MAGISTRADOS A TENER CUIDADO

En la actualidad, existen en proceso 1.900 acciones judiciales promovidas por policías expulsados que buscan la reincorporación ante el Poder Judicial. Hay casos que datan incluso de hace 20 años de antigüedad.

El último 27 de marzo, el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza Ramírez, emitió una resolución administrativa para que los jueces aprecien con mayor cuidado los casos de policías expulsados que buscan la reincorporación mediante fallo judicial.

"No debemos permitir que, por algún formalismo procesal indebidamente invocado, sean incorporados o ascendidos en el servicio policial agentes cuya responsabilidad administrativa, e incluso penal, ha sido materialmente establecida al ser sancionados por graves irregularidades en el ejercicio de sus funciones", señala el presidente del Poder Judicial en la mencionada resolución.

No obstante la exhortación del magistrado Enrique Mendoza, la Dirección de Recursos Humanos de la PNP continúa recibiendo mandatos judiciales de reincorporación de efectivos dados de baja por medida disciplinaria, de acuerdo con fuentes policiales.

EN CIFRAS

28

Efectivos expectorados fueron

reincorporados por fallo

judicial en el 2011.

37

Policías retornaron por mandato

judicial en el 2012.

14

Fueron reincorporados

a la Policía Nacional por

mandato judicial en lo que

va del 2013.