En una sociedad democrática que respete y salvaguarde las libertades de los individuos y de la sociedad civil, las Instituciones y Administraciones tienen la obligación de representar y servir a todos los ciudadanos por igual, sean cuales sean su ideología, religión, tendencias sexuales, aficiones, etc. Esto es así aunque tales instituciones y entidades administrativas estén regidas y gestionadas por políticos que, necesariamente, salvo los denominados “independientes”, pertenecerán o serán simpatizantes, cada uno de ellos, de un determinado partido político u otro tipo de organizaciones o tendencias.

Sin embargo, esos políticos, de acuerdo con las reglas del estado democrático, tienen el mandato de toda la sociedad, no solo el de sus votantes y simpatizantes, para administrar y gestionar los órganos de la administración e instituciones públicas de forma neutral, asegurando el mejor servicio, en términos de eficacia, a todos los ciudadanos, a toda la sociedad, que les paga por ello y ha depositado su confianza en su buen hacer y buena voluntad para desempeñar su trabajo de la forma más eficiente y eficaz y, también, neutral, sin favorecer a ningún ciudadano en particular, ni grupo concreto, cualquiera que sea su naturaleza.

En esa línea, los símbolos que se exhiban en los edificios y espacios públicos deben de ser absolutamente neutros y ceñirse, estrictamente, a la legalidad vigente. Por ello, no resulta aceptable que en los edificios ni locales públicos se exhiban símbolos que reflejen una determinada ideología, tendencia, simpatía o creencia.

También parece claro que si un representante público desea defender o hacer visible su interés, afinidad o simpatía por determinado aspecto político o de la naturaleza que sea, debe de hacerlo a título personal y no en tanto que representante público, aunque haya sido elegido gracias a los votos de personas que pudieran estar de acuerdo con esa actitud.

Esto es así como consecuencia de que el sistema democrático en el que presta su servicio le respalda en su puesto siempre y cuando su actividad esté al servicio de todos los ciudadanos y no solo de los que le hayan votado, o simpaticen con sus planteamientos personales.

En consecuencia, es indudable que todos los representantes públicos han de tener la obligación de asistir a todos los actos institucionales que requieran su presencia, en su posición de personas públicas, tanto si están de acuerdo con el acto, como si no.

Si una persona que ocupa un puesto público desea exhibir una bandera u otro símbolo específico, puede hacerlo con todo su derecho en la sede de su partido o en su propia casa

Ni que decir tiene que, cuando un representante público asiste a un determinado acto en su condición de autoridad, tiene que comportarse de forma absolutamente respetuosa con el contexto del acto y con el resto de los asistentes al mismo.

Aun cuando algunos actos podrían estar viciados en su organización o simbología por ideas o aspectos que no tienen por qué ser compartidos por todos los ciudadanos, los representantes públicos deberían de trabajar para eliminar, por procedimientos legales y democráticos, claro, esa simbología de los actos públicos, pero, en tanto no sea así están obligados, “está en su sueldo”, a asistir a tales actos, en su calidad de representantes públicos de todos los ciudadanos ya que, precisamente, por ser depositarios de esa confianza colectiva están comprometidos, más que nadie, con el respeto estricto de las leyes.

Si una persona que ocupa un puesto público desea manifestar su simpatía o afinidad por cualquier ideología o tendencia, está obligado a abstenerse de hacerlo cuando actúa como representante público. Si desea exhibir una bandera u otro símbolo específico, puede hacerlo perfectamente, y con todo su derecho, en la sede de su partido o en su propia casa, pero nunca en el edificio del Ayuntamiento, en el salón de plenos, en el cuartel de la Policía o en un colegio público, por ejemplo.

Exhibiendo esos símbolos en su esfera privada queda perfectamente salvaguardada su libertad de expresión, y protegido también el derecho de todos los ciudadanos a que las Instituciones y la Administración se mantengan absolutamente neutrales y centradas en sus funciones de gestión y administración de las actividades y recursos de todos.

En línea con todo lo anterior cabe plantearse la legitimidad real de algunas decisiones adoptadas en determinadas instituciones bajo la figura de la mayoría, ya sea esta simple o cualificada, en virtud de las cuales se puede decidir, por ejemplo, hacer ondear una determinada bandera en la casa consistorial, o retirar o colocar un determinado símbolo específico en locales o edificios públicos. Esta decisión solo debería de considerarse como válida si hubiera sido adoptada por absoluta unanimidad, sin ninguna abstención, voto en blanco o ausencia.

Incluso en ese supuesto de absoluta unanimidad, sobre todo en localidades pequeñas en las que una parte de los ciudadanos podrían no estar representados, por ejemplo, en la corporación municipal, podemos preguntarnos si, para asegurar verdaderamente la aplicación de la democracia, no sería necesario para adoptar una decisión de esa naturaleza someterla a una consulta en la que todos los ciudadanos tuvieran la oportunidad de pronunciarse al respecto.

Cuando un representante público asiste a un acto en su condición de tal, tiene que comportarse de forma absolutamente respetuosa con el contexto del acto y con los asistentes al mismo