Seguridad Vial con Autonomía, Autarquía y Liderazgo.

Ing. Mario Holguín

Presidente FundaReD

República Dominicana

5 de Septiembre de 2015

Algunos sectores de la sociedad dominicana han querido satanizar la creación de un órgano rector de la seguridad vial alegando que sería una institución más que se agregaría al sistema administrativo gubernamental dominicano. Interpretando que se sumaría a los existentes relacionados con el tránsito que en conclusión resultan inoperantes a todas luces.

La verdad es que con tantas confusiones y falta de información del tema podría ser lógico pensar en una estructura adicional como una carga más para el Estado.

Pero de lo que se trata realmente es de la urgente necesidad de abordar un tema crucial para la nación del que nunca en República Dominicana se le ha puesto atención. Este hecho impacta no solo a las víctimas, sino también a las familias afectadas por la pérdida de un ser querido. Golpea fuertemente la economía nacional, el medioambiente y los planes de desarrollo sostenible en carpeta. 

La República Dominicana en su historia no ha tenido nunca una ley integral de seguridad vial ni mucho menos un plan nacional y estratégico. Me refiero a políticas par preservar y proteger la vida de los usuarios de las vías y las comunidades circundantes a los trayectos.

Jamás, por tanto, República Dominicana ha tenido en su administración una oficina que trace y se ocupe exclusivamente de las políticas públicas referidas a este tema fundamentada en la investigación y el análisis científicos. 

Con una población creciente que ronda los diez millones de habitantes, un campo vehicular también con la misma tendencia de desarrollo cuantitativo de más de 3 millones 400 mil unidades en desmedro de su calidad y antigüedad, y una red viaria cercana a los 20 mil kilómetros de longitud. 

En medio de esta selva de concreto urbano e interurbano y máquinas a loco transitar, usuarios en general que exhiben un comportamiento indeseable para la convivencia pacífica, no es para menos que las estadísticas arrojen indicadores catastróficos, números inconcebibles e inaceptables a la naturaleza humana. 

Este órgano rector de la seguridad vial debe crearse bajo el criterio de ser un ente autónomo y autárquico. Con liderazgo

Al panorama anterior habría que agregar las consecuencias de no tener reglas claras y normas que se respeten en las actividades de movilidad, tránsito y transporte terrestre. 

Alta vulnerabilidad en absolutamente todos los factores de riesgo que puedan existir en la conducción, incluyendo el sistema de autoridad, desde los que producen las normativas, control, vigilancia y fiscalización hasta de los que producen las iniciativas legislativas que rijan el sector de seguridad vial y los órganos sancionadores a los violadores de las leyes. 

Una institución de seguridad en la circulación tendría por misión principal disminuir la tasa de siniestralidad derivada de los incidentes de tránsito mediante la planificación, coordinación y financiación de los planes y medidas efectivas en el territorio nacional. 

En tal sentido, sería un organismo con personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, gerencial y técnica. Con jurisdicción nacional. Con liderazgo. Y que con criterio integrador cree un eficiente, eficaz y transparente sistema de gestión interinstitucional.

Con autoridad administrativa para diseñar, someter y ejecutar las políticas públicas relativas a la seguridad vial de la República Dominicana. Centrarse al objetivo de atenuar los factores de riesgo que predominan en el sistema viario nacional que afectan la vida, la salud y las propiedades de los usuarios de las vías y de las comunidades circundantes de estas. 

Responsable de elaborar programas a corto, mediano y largo plazo para la prevención de siniestros viales que coadyuve a preservar la vida, la salud y los bienes de los usuarios de las vías públicas en armonía con el desplazamiento de las personas en el marco de un plan nacional de la mano con el desarrollo sostenible de la República Dominicana 

Con capacidad de evaluar toda decisión relativa a políticas públicas para considerar sus impactos potenciales sobre la materia.

Este órgano rector de la seguridad vial debe crearse bajo el criterio de ser un ente autónomo y autárquico. Con liderazgo.