La inexistencia de un gobierno emanado de las urnas está afectando en todos los órdenes, y en el caso de los funcionarios públicos está impidiendo la subida de sus sueldos.

Es lo que recoge la carta que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha enviado a los sindicatos y donde indica que hasta que no haya un gobierno en pleno ejercicio de sus funciones no será posible el aumento que el PSOE ha prometido a los funcionarios públicos.

Alguno de los sindicatos, en concreto CSIF, piden a Sánchez que tramite un Decreto – Ley para actualizar los sueldos de la función pública para que la subida entre en vigor el uno de enero del 2020.

Se reitera el compromiso

En una carta dirigida desde presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez reitera su compromiso, si llega al gobierno, de subir los emolumentos de los funcionarios públicos para el 2020, aunque reitera que tendrá que ser cuando sea el presidente de un gobierno «con funciones plenas».

Algunos sindicatos, como CSIF, han salido a la palestra para significar que la promesa de aumento de sueldo a los funcionarios, expresada en una carta de Sánchez, no es suficiente y que desearían que la medida se «blindara» en un Decreto – Ley.

Las pensiones también subirán

Fue en un acto público el pasado 10 de noviembre, cuando el presidente del Gobierno en funciones prometió que las pensiones volverían a ser indexadas al Índice de Precios al Consumo.

La fecha de la indexación sería en próximo diciembre, cuando Sánchez tiene la previsión de que habrá podido formar gobierno y tendrá plenas facultades para gobernar, y dicha medida condicionada también ha sido repetida por la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio.

La subida sería, por un lado, del 2%, a eso se comprometió el gobierno del PP, al que habría que sumar un 0, 3% provenientes de fondos adicionales y un 0, 55% en caso de que se pueda cumplir el «techo» de déficit.

A todo ello habría que sumar un variable condicionado al logro de la previsión de crecimiento económico, que iría desde un mínimo de un 0, 2% y un máximo del 1%.

El recurso del Decreto – Ley

A pesar de lo que aduce presidencia del gobierno, no es la primera vez que el ejecutivo de Sánchez utiliza el recurso del Decreto – Ley para mejorar el sueldo de la función pública.

De hecho, la subida de sueldo de los funcionarios para el 2019 se logró utilizando ese recurso y el Decreto – Ley se aprobó en diciembre del 2018.

En ese mandato del gobierno también se coló, de rondón, la subida del salario mínimo hasta los 900 euros.

A pesar de ello, el recurso del Decreto Ley no es un «comodín» que el gobierno de turno puede utilizar a discreción, sino que, como en aquel caso, se invocó urgencia y necesidad para tomar una decisión que orilla al poder legislativo.

CCOO, CSIF y UGT exigen una solución

A pesar de que los sindicatos mayoritarios en la función pública – CCOO, CSIF y UGT – entienden la postura de Sánchez, que se exploren todas las vías para hacer efectiva la «subida» del 2020, que ha sido ya pactada.

De hecho, CCOO ya ha optado por «calentar» la calle, y ha convocado movilizaciones frente a la Secretaría de Estado de la Función Pública, revindicando, además del incremento salarial, una nueva OPE masiva.

Por su parte, la UGT, valora que, de no llevar a cabo el incremento de salario para los funcionarios públicos en el 2019, se pueden producir graves consecuencias sociales, económicas y hasta personales en los servicios públicos a la ciudadanía.

Fue en un acto público el pasado 10 de noviembre, cuando el presidente del Gobierno en funciones prometió que las pensiones volverían a ser indexadas al Índice de Precios al Consumo

Asegurar la prosperidad de España

Es el diagnóstico que hacen desde el ejecutivo de Pedro Sánchez, que considera que la subida salarial a los trabajadores públicos es esencial para asegurar la prosperidad de España.

Y eso se puede lograr, según el análisis que realiza el ejecutivo, mediante una administración fuerte, con medios suficientes, y con unos contingentes humanos ajustados a las necesidades, esto es, con un número suficiente de funcionarios.

De hecho, España es, comparado con los países europeos de nuestro entorno, el que tiene de los menores porcentajes de empleados públicos con respecto a sus niveles de población.

Además, el gobierno reconoce a los funcionarios públicos el inmenso esfuerzo que han realizado durante los peores años de la crisis, con sueldos congelados durante años y con plazas que no se reponían.

Pablo Casado también se une a la «fiesta»

El líder del primer partido de la oposición, sabiendo que el tema del empleo es siempre muy «goloso» a la hora de conseguir réditos electorales, también se muestra favorable a aumentar el número de empleados públicos en algunas áreas.

El máximo líder de Partido Popular cree que sería conveniente la existencia de más funcionarios públicos en sanidad, educación, investigación y seguridad, considerando que el resto de los sectores ya existe el número adecuado de servidores públicos.

Funcionarios bajo presión en Cataluña

Además, aprovechando su participación en el IX Congreso de CSIF, quiso vindicar la compleja situación que tienen los funcionarios de estado en Cataluña, una región que vuelve a estar convulsionada por el independentismo.

Casado, además, es partidario de reforzar la inspección de trabajo en Cataluña, después de que le llegaran rumores de que el personal sanitario se ve presionado por la jefatura de la sanidad catalana para que solo atiendan a los pacientes utilizando el catalán.

Equiparación salarial

Es otro de los «temas estrella» que lleva el PP en su programa electoral para las próximas elecciones del 10 de noviembre, y no es otro que todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado equiparen sus sueldos al de las policías autonómicas.

Ertzaintza y Mossos tienen unas retribuciones que en algunos casos son un tercio mayor de lo que los CFSE que dependen del Estado, como la Policía Nacional y la Guardia Civil, cobran a final de mes.

Estas reivindicaciones de equiparación salarial, en las cuales el sindicato JUSAPOL es «punta de lanza», se iniciaron durante el pasado desafío independentista, y ahora, con una situación catalana complicada, vuelven a sonar con fuerza.

Digitalización de la administración, la asignatura pendiente

Dentro del programa electoral del PP también tiene un lugar relevante la digitalización de la administración general del estado.

Los populares justifican esa promesa electoral en que, muchas veces, la administración pública se convierte en el sector impulsor de los cambios económicos y sociales, y la digitalización es un impulsor de primer orden.

Cuanto mejor y más rápida sea la respuesta de la administración ante empresas y ciudadanos, mejor será la vertebración del país y mucho mayor el crecimiento de la economía y del empleo.

La inexistencia de un gobierno emanado de las urnas está afectando en todos los órdenes, y en el caso de los funcionarios públicos está impidiendo la subida de sus sueldos

Fuente - el diario / radio intereconomia