El Tribunal Supremo ha confirmado este viernes la expulsión del Ejército del teniente Luis Segura "como autor de una falta muy grave consistente en realizar reiteradamente actos contrarios a la disciplina". El militar escribió un libro denunciando la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas.

La Sala de lo Militar del Supremo resuelve así el recurso interpuesto por Segura, quien pasó dos meses bajo arresto por las críticas vertidas al escalafón del Ejército en su libro 'Un paso al frente'. El Ejército de Tierra le comunicó hace año y medio que daba por "resuelto" su compromiso con las Fuerzas Armadas.

Según informa el Supremo, la sentencia cree probado que el teniente "continuó realizando declaraciones en medios de comunicación contra las Fuerzas Armadas y las autoridades militares" después del arresto. En algunas ocasiones, además, con el uniforme reglamentario.

Las expresiones de Segura "claramente insultantes y afrentosas" y el teniente "hace gala, no ya de un exceso inadecuado y ocioso de su derecho a la crítica a sus superiores, sino verdaderos insultos y descalificaciones". La sentencia añade que ha atribuido a los mandos "comportamientos corruptos y conductas contrarias a la ética y a la disciplina, excediendo con ello los razonables límites del derecho a la libertad de expresión".

Según el Supremo, Segura no realizó una crítica mesurada, sino que "imputó de manera generalizada, reiterada y contumaz a mandos y autoridades la comisión de actos arbitrarios, ilegales e inicuos". El tribunal avala la expulsión con estos argumentos, y considera que esta medida es proporcional y conforme a la ley.

El Ejército de Tierra comunicó a Segura su expulsión en junio de 2015, perdiendo así su puesto en el centro de transmisiones del Ejército de Tierra en Pozuelo de Alarcón (Madrid). A Segura le habían abierto varios expedientes, sanciones, arrestos y pérdida de destino.

El teniente llegó a hacer una huelga de hambre en 2014 tras ser detenido, y en los últimos meses se había convertido en una de las caras visibles de la Plataforma por la Honestidad, una organización que promueve la aprobación de una ley que proteja a los denunciantes de casos de corrupción, y que les blinde ante las posibles consecuencias por sus revelaciones.