El Consejo Nacional de Seguridad turco, encabezado por el presidente, Recep Tayyip Erdogan, dijo este miércoles que el estado de emergencia decretado después del golpe de Estado del 15 de julio deberá ser extendido, en un momento en que ya han sido detenidas 32.000 personas, en una purga sin precedentes.

"Se tomó la decisión de recomendar que se extienda el estado de emergencia para poder seguir asegurando la protección de nuestra democracia, el respeto de la ley, los derechos y las libertades de nuestros ciudadanos de una forma eficiente", dijo el organismo en un comunicado tras la reunión celebrada en el palacio presidencial de Erdogan en Ankara.

El estado de emergencia ha permitido al gobierno un marco legal para efectuar una purga sin precedentes, en la que han sido detenidas 32.000 personas, según los datos difundidos por el ministerio de Justicia.

Erdogan declaró el estado del emergencia el 20 de julio, por lo que la situación de excepción se extendía hasta mediados de octubre.

En el comunicado, las autoridades no especificaron por cuánto tiempo planean imponer el régimen de excepción.

Turquía lanzó una gigantesca purga al día siguiente de la intentona golpista, para eliminar de las instituciones a los seguidores de Fethullah Gülen, una redada que afectó a las universidades, escuelas, ejército, policía, la magistratura o los organismos deportivos.

"Desde el 15 de julio, se han abierto investigaciones sobre unas 70.000 personas y alrededor de 32.000 han sido detenidas", declaró el ministro Bekir Bozdag a la televisión NTV, sin descartar más arrestos.

"Se podrían producir otros arrestos", advirtió el ministro, precisando que "algunas personas detenidas podrían ser liberadas bajo control judicial y otras quedar totalmente libres" sin que se retengan cargos contra ellas.

Desde el 15 de julio, "se han abierto investigaciones sobre unas 70.000 personas y alrededor de 32.000 han sido detenidas", declaró el ministro Bekir Bozdag a la televisión NTV, sin descartar más arrestos.

"Se podrían producir otros arrestos", advirtió el ministro, precisando que "algunas personas detenidas podrían ser liberadas bajo control judicial y otras quedar totalmente libres" sin que se retengan cargos contra ellas.