Una visión de un mundo centrado en las personas y su bienestar y en la mayor armonía entre ellas y con la naturaleza que nos soporta a todos ha de poner el foco, muy probablemente, entre otros, en los siguientes aspectos:

Una Economía rediseñada que ofrece a todas las personas una vida digna, a la vez que protege y regenera la Naturaleza.

Se trata de una Sociedad justa en la que la gente tiene trabajo digno y no hay trabajadores pobres.

Una Sociedad en la que se asegura el derecho a disfrutar de una vivienda decorosa, adecuada y asequible.

Una Sociedad sin corrupción ni nepotismo en las instancias políticas y administrativas y sin especulación estéril ni fraude fiscal en el ámbito de los negocios privados.

Una Sociedad en la que la desigualdad se va reduciendo en lugar de crecer de forma escandalosa.

Una Sociedad que no está basada en la limosna y en los subsidios para salvar de la miseria y el hambre a un porcentaje significativo de sus individuos.

Una Sociedad en la que se educa en la tolerancia, la inclusión, la colaboración, la cooperación y la solidaridad y no en la intransigencia, la exclusión, la competitividad y el individualismo.

Una Sociedad en la que el acceso a la sanidad está asegurado de forma generalizada con un sistema de salud público de calidad, que es atendido por los mejores profesionales los cuales reciben una compensación justa por su trabajo.

Una Sociedad en la que los Gobiernos reflejan fielmente en su composición la voluntad popular expresada en las urnas.

En el resto de este texto se resaltan, brevemente y de forma esquemática, conceptos sobresalientes en relación con cada uno de ellos.

Todos los ciudadanos tienen el deber de trabajar y el derecho a un trabajo decente, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer con dignidad sus necesidades y las de su familia.

No hay trabajadores pobres. El mercado de trabajo es justo y todos los trabajos son decentes.

El trabajador que menos gana en una empresa u organización, desde el aparato del estado a las empresas públicas y las privadas, no puede ganar menos de una décima parte, por ejemplo, de lo que gana la persona que más gana en su organización, incluso aunque esa persona sea el dueño de la empresa. De esta forma, cuando las personas que integran las cúpulas de las organizaciones desean ganar más dinero lo hacen subiendo el salario a sus trabajadores más desfavorecidos. Si no lo hacen así, los rendimientos que obtienen, por encima de esas diez veces de los que alcanza el empleado o trabajador que menos gana, se transforman directamente en impuestos que sirven para redistribuir la riqueza y disminuir la desigualdad.

Una fórmula alternativa consiste en constituir un fondo de inversión obligado para los beneficios empresariales que superan el tope de las diez veces, pero en ningún caso esos beneficios pueden pasar a formar parte del patrimonio personal del empresario.

Los poderes públicos promueven las condiciones necesarias y establecen las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda decorosa, adecuada y asequible, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participa en las plusvalías que genera la acción urbanística de los entes públicos.

Los políticos, el estado, las instituciones, aseguran que el precio del alquiler de una vivienda no supera, por ejemplo, el 30% de los ingresos mensuales del inquilino. Esto se extiende también a los plazos de hipotecas para aquellos que, en ejercicio de su libertad individual, prefieren comprar una vivienda en lugar de alquilarla.

La Ley considera una vivienda familiar desocupada o vacía cuando no es la residencia habitual de ninguna persona ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie.

Las viviendas vacías no permanecen en esa situación más de unos pocos meses. Si alguien mantiene una vivienda vacía durante más tiempo soporta un impuesto fuertemente progresivo que le obliga a pagar cada vez más cuanto más tiempo esté la vivienda sin alquilar, o sin uso por el propietario. Como es natural, este uso está adecuadamente documentado y controlado. Para la puesta a cero del contador del impuesto es necesario un periodo de alquiler al menos igual al tiempo en que la vivienda haya estado vacía antes de alquilarla.

En caso de impago del impuesto de vivienda vacía, la deuda tributaria, y, en su caso las sanciones correspondientes, se acumulan hasta que, en unos pocos años, su cuantía iguala el valor catastral de la vivienda, momento en el que, de forma automática, la vivienda resulta expropiada a su propietario, para compensar la deuda, y pasa a formar parte del parque de vivienda pública.

La Ley prohíbe la venta de vivienda pública a Fondos de inversión, sean o no “buitres”.

En relación con las modalidades de alquiler, nadie ha de pagar por un cubículo de 6 metros cuadrados (una sola habitación) lo mismo que por el alquiler de un piso, que, por pequeño que sea, tiene, al menos, 30 metros cuadrados. El precio del alquiler de una habitación no supera la fracción de lo que representa esa habitación respecto al precio que se permita por el piso completo en función de las superficies respectivas de piso y habitación.

De esta forma se evita el desplazamiento del mercado de la vivienda hacia espacios de habitación absolutamente indignos y, al mismo tiempo, se dificulta el enriquecimiento escandaloso de los especuladores, sean Fondos o particulares, si ponen en el mercado esos “retales” de vivienda.

Una Sociedad sin corrupción ni nepotismo en las instancias políticas y administrativas y sin especulación estéril en el ámbito de los negocios privados.

Todos contribuyen de forma justa y proporcionada con sus impuestos a la función de redistribución, que constituye la razón de ser de tales impuestos.

Las cajas B, y los pagos en negro, sin IVA, no existen y cuando hay alguno es perseguido con el máximo rigor, con más severidad cuanto más nivel ocupan en la escala social los delincuentes.

La economía sumergida que quita trabajo decente y elude el pago de impuestos y cotizaciones al sistema de protección y Seguridad Social tiene una presencia absolutamente residual.

Existen desgravaciones por la contratación y pago de la Seguridad Social de empleados de hogar, lo que estimula su contratación legal y con cobertura social, antes que hacerlo en negro y sin cotizar a la Seguridad Social.

Una Sociedad en la que la desigualdad se va reduciendo en lugar de crecer de forma escandalosa

Las sanciones económicas por cualquier delito, sea éste económico o no, se fijan en un porcentaje de los ingresos del infractor y no en una cantidad fija para todos, de forma que el coste real de la sanción para el infractor es uniforme, con independencia del nivel de ingresos del infractor; es evidente que una sanción de unos cientos de euros no tiene el mismo efecto disuasorio ni correctivo en una persona que ingresa mil euros mensuales que para otra cuyos ingresos se elevan a miles de euros cada mes.

El Estado ejerce de forma rigurosa su responsabilidad para hacer cumplir las leyes. Un ejemplo paradigmático de que se puede hacer que las leyes se cumplan, si existe voluntad política para ello, es lo sucedido en España en los últimos años en relación con los accidentes de tráfico y el número de víctimas mortales que han producido. La actuación decidida del estado para que se respeten las normas de circulación ha reducido el número de muertes anuales por esa causa en un 70%, pasando de casi 5.800 víctimas mortales en el año 2000 a poco más de 1.800 en 2018 (http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/accidentes-30dias/series-historicas/index.shtml), simplemente endureciendo las sanciones por determinadas infracciones, como no respetar los límites de velocidad y vigilando de forma rigurosa y decidida el cumplimiento de las Normas de Seguridad Vial por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que tienen encomendada esa misión

La economía se promueve e impulsa centrándola en soluciones estructurales que crean riqueza y aportan desarrollo y mayor bienestar al conjunto de la sociedad y de los ciudadanos.

Los parlamentarios y miembros del gobierno y de la Administración cuyos nombramientos tienen carácter político se muestran solidarios y preocupados por el bienestar de los ciudadanos y sobre todo el de los más vulnerables y desfavorecidos; por ello tienen sus remuneraciones indexadas al PIB y a un indicador de bienestar, como los índices de desigualdad de Gini, Theil, Atkinson, … [https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43678/1/S1800511_es.pdf], ya que están en sus puestos para que el país prospere y todos los ciudadanos aumenten su bienestar.

Si eso es así, es justo que ellos prosperen en la misma medida, pero si el PIB y el bienestar decrecen, sus remuneraciones lo hacen igualmente.

Por supuesto que en un sistema democrático los parlamentarios, el gobierno y los puestos políticos de las Administraciones están ahí porque se les ha votado y si no lo hacen bien no se les votará otra vez, pero, de todas formas, durante la duración de sus legislaturas se esfuerzan al máximo para conseguir que el país, región o municipio prosperen y todos los ciudadanos aumenten su bienestar, por ello sus remuneraciones están ligadas al PIB y al bienestar social, variando en la misma medida que éstos cada año.

Este criterio es igualmente aplicado a los parlamentos, gobiernos y políticos autonómicos o regionales, de acuerdo con los PIB e indicadores de bienestar social en el ámbito de sus respectivas Comunidades Autónomas o Regiones.

En el caso de los representantes municipales, sus remuneraciones se ligan a indicadores de bienestar social de su ámbito, como los índices de desigualdad (Gini, Theil, Atkinson, …).

La Sociedad no está basada en la limosna y en los subsidios para salvar de la miseria y el hambre a un porcentaje significativo de sus individuos.

La redistribución de la riqueza no se materializa a base de subsidios o limosnas de los, cada vez menos, ricos más ricos a los, cada vez más, pobres más pobres, se realiza reduciendo las desigualdades y pagando impuestos por los que más tienen para crear y aportar riqueza, y no subsidios, para los que menos tienen.

Menos voluntarios y más equidad. La caridad y la asistencia no son necesarias nada más que de forma puntual y transitoria. Se considera inaceptable que se dé de comer a cientos de miles de personas con operaciones kilo y no hacer nada para que eso no sea necesario.

Los ciudadanos no tienen apenas oportunidades para poner en práctica actos de solidaridad o de caridad pues el Estado cuenta con los recursos y mecanismos suficientes que hacen innecesarias esas actuaciones de la Sociedad Civil

La legislación no hace posible que personas con ingentes ingresos establezcan fundaciones sin ánimo de lucro para resolver las situaciones que el estado no resuelve. Es claro que el estado tiene capacidad de resolver todas las situaciones que lo requieran si esas personas pagan todos los impuestos que les corresponden en lugar de buscar escapatorias legales, bordeando las leyes, para reducir al mínimo los impuestos que pagan, en muchas ocasiones utilizando tales fundaciones para evadir ese pago, cuando no para camuflar y desviar la mayor parte de sus ingresos a paraísos fiscales con ayuda de tales fundaciones, por procedimientos opacos.

La educación y formación son la llave para asegurar un futuro digno y mejor a la inmensa mayoría de la población, que no basa su esperanza de mejora en pelotazos de dinero fácil y rápido para despilfarrarlo y quedar otra vez en la miseria o para vivir siempre con el agua al cuello endeudados y con la losa de los intereses de sus deudas, que les impiden despegar en su situación económica.

Se educa en la tolerancia, la inclusión, la colaboración, la cooperación y la solidaridad y no en la intransigencia, la exclusión, la competitividad y el individualismo

La calidad de la educación pública es prioritaria en los esfuerzos para su financiación. La educación privada se autosostiene sin recibir soporte económico público, que así no se detrae, inevitablemente, de la educación pública. La homologación de las enseñanzas es universal para todos los centros, tanto públicos, como privados

El sistema de educación público forma en competencias a los alumnos, procurando minimizar el fracaso escolar y ofreciendo un amplio espectro de conocimientos y especialidades que aseguran a todos los alumnos el acceso a puestos de trabajo dignos, y útiles para el progreso del conjunto de la sociedad.

El sistema educativo no se utiliza para adoctrinar, cualquiera que sea la doctrina. Por desgracia, en todos los intentos de reformas educativas en España desde el principio de la transición (desde 1976) los intereses de los que utilizan los sentimientos religiosos de muchos en su propio beneficio han estado en el trasfondo de gran parte de los argumentos en contra de tales reformas.

En un estado laico o aconfesional la enseñanza de la religión no corresponde al estado, sino a las familias. Por ello, la formación en una religión concreta no forma parte de los programas educativos. Cada familia, en función de sus creencias, se ocupa de que sus hijos, si así lo desean, reciban formación en la doctrina religiosa que hayan elegido. Esa formación se imparte en el domicilio o en instituciones ligadas a la confesión correspondiente, como las iglesias, mezquitas, sinagogas, etc.

Puesto que el hecho religioso parece ser una constante en la cultura humana desde tiempo inmemorial, en los planes educativos se incluye una asignatura de historia de las religiones o visión general del hecho religioso, en la que se presenta una panorámica de todas las creencias religiosas conocidas con una explicación somera de los aspectos más característicos de cada una de ellas, sin emitir juicios de valor al respecto y sin primar ninguna de ellas sobre las demás, abordando los fenómenos religiosos desde un punto de vista no confesional y una perspectiva tanto histórica como antropológica, así como con las necesarias referencias tanto al tiempo como al espacio.

El acceso a la sanidad está asegurado de forma generalizada con un sistema de salud público de calidad que es atendido por los mejores profesionales y que reciben una compensación justa por su trabajo. La sanidad privada existe como opción para aquellos que se sienten más cómodos en ella, pero no es una solución mejor que la pública para el tratamiento de ciertas enfermedades. Los actos médicos superfluos o de lujo no son cubiertos por la sanidad pública y quedan a disposición de los que pueden permitírselo, como sucede con el acceso a los artículos de gran lujo.  

Existe una desgravación fiscal por la contratación y pago de cuotas de seguros de salud privada pues, sobre facilitar la libertad de elección de asistencia, los que utilizan sus prestaciones contribuyen a descargar en cierta medida a la sanidad pública

La composición de los Gobiernos refleja, por Ley con la máxima fidelidad, la de los Parlamentos correspondientes que tienen el mandato de gobernar, con absoluta colaboración, entre los partidos que, de mayor a menor número de escaños, alcanzan la mayoría absoluta. No existe margen para que las alianzas entre partidos que no han obtenido la mayoría de los escaños puedan forzar la voluntad de los electores poniendo en el Gobierno a partidos que suman menos votos o representantes que los que los ciudadanos han decidido.

Se utiliza un lenguaje inclusivo en términos de género, sin necesidad de reiteraciones como las que se derivan de repetir palabras con terminaciones en “as” y “os”, como cuando decimos todas y todos, sino utilizando la terminación inclusiva “is”: todis.

Una Economía rediseñada que ofrece a todas las personas una vida digna, a la vez que protege y regenera la Naturaleza