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La verdad sobre El Frontón: Agresión Terrorista contra el Estado Peruano

11/09/2013 13:42 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Publicamos dos artículos de dos ilustrados abogados los cuales destruyen totalmente el mito caviar de que lo sucedido en el Frontón durante el primer gobierno de Alan García es un "crímen de lesa humanidad". A ver si algunos socialconfusos y rojetes los leen atentamente para que se "desasnen" un poco y dejen de repetir como loritos lo que tendenciosamente dicen sin pruebas algunas ONG caviares.

Críticas al fallo del TC sobre El Frontón: Ignorancia colosal

image Sendero Luminoso había convertido Pabellón Azul en un búnker con material de construcción proporcionado benévolamente por autoridades. Los Senderistas recluidos en el Pabellón Azul del penal El Frontón, que virtualmente controlan el promontorio norte de la isla, toman en rehenes a un empleado del INPE y tres miembros de la Guardia Republicana. Estos tenían en su poder tres fusiles HK G3 y un número indeterminado de cacerinas con munición. Los senderistas cuentan además con una metralleta FMK-3 que se habían agenciado previamente. Fuente: http://maf.usafreeforum.com Autor: Humberto Abanto Verástegui

Fuente: Diario de Hoy

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que fulmina la calificación de como crímenes contra la humanidad para los hechos acaecidos en el establecimiento penal de la isla El Frontón, entre los días 18 y 19 de junio de 1986, ha sido definida por sus más duros críticos como aberrante para el Derecho. No obstante, llama poderosamente la atención que una descalificación tan grave no repose más que en juicios políticos de oportunidad y conveniencia, y carezca de toda argumentación sustentada en el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Penal Internacional (DPI), a los que se menciona repetidamente pero sin desarrollar un solo concepto de ellos.

Alguien aquí quiere oscurecer que la argumentación jurídica no opera con los efectos de los conjuros o los hechizos, es decir, que la sola invocación de una parcela del Derecho o de una o varias normas no posee el poder mágico de satisfacer, por arte de birlibirloque, la exigencia de justificar la posición que se asume, sino que hace falta desarrollar los conceptos y emplear las categorías jurídicas con solvencia y rigurosidad, y eso es exactamente lo que no están haciendo los feroces críticos del fallo proferido por el órgano de control de la constitucionalidad.

Un blindaje contingente

image Revista Caretas edición 715 del año 1982 .

Fuente: Blog Pospost La primera y más grande objeción se orienta a señalar que la sentencia está originada en factores políticos y no en razones jurídicas, debido a que los casos El Frontón, Comando Rodrigo Franco y Cayara ingresarían antes de fin de año a una etapa definitoria en las instancias judiciales. A juicio de los feroces críticos, el propósito es blindar a Alan García porque, si bien el exjefe de Estado no tiene la condición de acusado en ninguno de Esos casos, su situación podría complicarse significativamente en el curso de los juicios orales. Ello hacía indispensable generar una decisión jurisdiccional que frustrara la posibilidad de que sea juzgado por estos hechos.

A falta de prueba directa, el razonamiento pretende fundarse en el uso de prueba indiciaria. Pero la apelación a dicho recurso tropieza con un escollo insalvable, a saber, que para su empleo hace falta una inferencia concluyente o, lo que es lo mismo, una conclusión necesaria. Ésta no puede admitir que coexista una variable distinta u opuesta que sea igualmente plausible y eso, lamentablemente para los feroces críticos, no es lo que acontece en este caso.

Si en la actualidad no es complicada la situación de Alan García en los tres casos a los que se alude, su complicación no es más que una eventualidad, o sea, un suceso futuro e incierto. Ello no configura una situación que necesariamente se vaya a dar, sino una situación contingente, entendiéndose por tal la que puede suceder o no suceder. Dado que la alegación del blindaje se limita a la simple enunciación de esa posibilidad, sin aportar prueba alguna de que necesariamente vaya a darse, aparece como una simple conjetura que es insuficiente para operar como la explicación definitiva de la razón que habría movido la decisión del TC.

image Presos terroristas amotinados en El Fronton. Fuente: http://maf.usafreeforum.com Olvidando el significado del Estado

Los feroces críticos objetan que el órgano de control de la constitucionalidad haya declarado, frente a la demanda de habeas corpus de los acusados –que alegaba la falta de justificación del juez para juzgar los hechos como si constituyeran un crimen contra la humanidad–: «...ningún medio probatorio de la existencia de un plan previo para acabar con la vida de los internos a través de un uso excesivo de la fuerza y de ejecuciones extrajudiciales, por lo que este tribunal no puede avalar la calificación del presente caso como crimen de lesa humanidad...»

image Efectivos de la Marina de Guerra resguardando

El Fronton. Fuente: http://maf.usafreeforum.com La objeción soslaya temas elementales de Derecho público. Uno, que el Estado es depositario del monopolio de la fuerza legítima y que, en ese sentido, el uso de la fuerza por parte del Estado es, en principio, legítimo. Dos, que esa legitimidad deriva de las presunciones favorables de constitucionalidad, legalidad y licitud que rodean la actividad de los poderes públicos. Se podrá replicar que se trata de presunciones relativas que pueden ser derrotadas, lo que obligará a recordar que para ello hace falta el aporte de prueba en contrario.

El juez penal, por tanto, debía partir de la premisa de que la actuación de las fuerzas del orden encargadas de debelar el motín que se producía en El Frontón se ajustaba a los valores, principios y reglas del ordenamiento jurídico, enfocando los crímenes atroces que dan objeto al proceso como crímenes aleatorios, a menos que contase, entre los elementos aportados por el Ministerio Público o los familiares de las víctimas, con unos que permitiesen siquiera inferir la existencia de un plan contrario a la Constitución y la ley destinado a la eliminación de los reclusos bajo el pretexto de sofocar un motín. El TC detectó esa falencia en el discurso del juez penal para calificar provisionalmente los hechos como crímenes contra la humanidad y obró en consecuencia.

Pretendiendo desfigurar los hechos

A los feroces críticos les molesta sobremanera que el TC haya subrayado la existencia de un motín en El Frontón y precisado que ese hecho hacía inevitable la respuesta del Estado en dirección al restablecimiento del orden dentro de un establecimiento penitenciario. La molestia no es injustificada, por cierto. Ellos saben perfectamente que si el Estado estaba en el deber de sofocar el motín, como efectivamente lo estuvo en ese momento, toda alegación de un ataque sistemático o generalizado contra población civil se vuelve contraria a la realidad.

El TC no declara que los internos amotinados no fueran civiles. No lo hace porque esa declaración no tiene cabida dentro de su razonamiento. La dicotomía civiles-combatientes es propia del DIH, una rama del Derecho que se ocupa de las reglas jurídicas dentro de las guerras internacionales o las guerras internas, y que, por eso mismo, carece de toda aplicabilidad y relevancia frente a actos estatales destinados a debelar o sofocar situaciones de desafío al orden público constitucional.

Más bien, el TC declara que «el resultado de la operación para debelar el motín no fue producto de un plan preconcebido para buscar acabar con la vida de los internos, sino de los excesos producidos con ocasión del enfrentamiento producido entre los internos y las fuerzas del orden y como resultado de decisiones y acciones tomadas durante el desarrollo de los hechos, por lo que se descarta que la actuación del Estado haya sido preconcebido o planificada...» No hay allí ninguna referencia a la calidad de civiles porque sería impertinente, lo que sí hay es una clara identificación de los internos como amotinados contra la Administración Penitenciaria, una situación inaceptable dentro de la relación de especial sujeción que nace del ejercicio del poder domesticador del Estado.

image Traslado de terroristas sobrevivientes de la isla hacia Lima. Fuente: http://maf.usafreeforum.com ¿Absolución de un gobierno o negación de un Estado criminal?

Los feroces críticos no parecen percibir la diferencia entre Estado y Gobierno. Si ello no fuese así, no sería posible comprender por qué los inflama tanto la declaración del TC respecto de que «...no es posible afirmar que en esos años las ejecuciones extrajudiciales hayan sido una práctica común por parte del Estado, por lo que en el caso no hay elementos para determinar que el hecho respondió a una política de Estado.»

Los falsos activistas de derechos humanos han enfocado su acción en el sentido de tratar de demostrar que el Perú tuvo, durante el período de la lucha contraterrorista, un Estado criminal que desplegó un ataque sistemático o generalizado contra población civil y que los agentes estatales obraron con conocimiento de dicho ataque. La acusación es transversal a doce años de gobiernos democráticos, dos completos y otro convertido en un muñón por obra de un gobernante elegido por el voto popular que decidió romper sus credenciales de legitimidad mediante la ejecución de un autogolpe de Estado.

El fenómeno terrorista significó un desafío nuevo y complejo para el Perú. Nuestro Estado tardó en encontrar el procedimiento apropiado para despejar la incógnita que se le planteaba y resolver la ecuación terrorista. El presidente Belaúnde cometió el gravísimo error de dar una respuesta militar a lo que finalmente se revelaría como un problema policial. El error fue lamentablemente mantenido por los presidentes García y Fujimori, aunque se debe señalar que fue el primero quien, a través del Ministerio del Interior, impulsó una estrategia de inteligencia policial que a corto plazo tuvo como desenlace la captura de los comités centrales de Sendero Luminoso y el MRTA, hecho determinante de la derrota estratégica de ambas organizaciones terroristas.

image Periodista Gustavo Gorriti frente a decenas de presos senderistas del Fronton. La mayoría de ellas murieron durante el operativo. Fuente: Blog Pospost

¿Procesos hasta el infinito y más allá?

Los feroces críticos sostienen que el TC se contradice al fulminar la calificación provisional de los hechos como crímenes contra la humanidad y disponer que prosiga el proceso penal, pues en ese caso se trataría de delitos prescriptibles. Más que una contradicción en los términos –expresión, al parecer, fuera del vocabulario de los detractores del fallo–, la crítica se enfila por calificar esta declaración como un "mamarracho legal", y desarrolla un ejercicio que ni la defensa de los marinos hubiera podido desarrollar con mayor entusiasmo.

Hay crímenes imprescriptibles y crímenes prescriptibles, es verdad. Los primeros son los crímenes contra la humanidad, los segundos son todos los demás crímenes comunes por atroz que haya sido su comisión. Pero esa diferenciación binaria ha sido alterada por la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), según la cual, tratándose de graves violaciones de derechos humanos, los Estados Partes no pueden oponer válidamente disposiciones de prescripción, amnistía o indulto para frustrar la investigación y el esclarecimiento de los hechos, la determinación de las responsabilidades y la sanción de los culpables.

image Terroristas muertos luego de operativo militar en

El Fronton. Fuente: http://maf.usafreeforum.com A partir de esta doctrina de la Corte IDH es que el TC dispone la prosecución del proceso, aunque no se trate de crímenes contra la humanidad. No es una contradicción en los términos sino de una contradicción en los hechos. Si la Corte IDH no hubiese desprendido de las obligaciones convencionales de investigar y sancionar el deber de no frustrar el procesamiento de las graves violaciones de derechos humanos con disposiciones de prescripción, amnistía o indulto, el TC tendría que haber ordenado la conclusión del proceso. Pero dada la existencia de los efectos particulares de los fallos de la Corte IDH en los casos Neira Alegría y Durand y Ugarte, no le está permitido hacerlo sin oponer infructuosamente una disposición de derecho interno contra otra de derecho internacional, un recurso vedado por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.

Pese a ello, la propia Corte IDH ha reconocido la existencia de limitaciones en la persecución penal y no ha reducido a ella el elenco de recursos de que dispone el Estado peruano para el esclarecimiento de los hechos. Ése y no otro es el sentido de la siguiente declaración de la Corte IDH: «La Corte considera que el Estado está obligado a investigar los hechos que produjeron las violaciones. Inclusive, en el supuesto de que las dificultades del orden interno impidiesen identificar a los individuos responsables por los delitos de esta naturaleza, subsiste el derecho de los familiares de las víctimas a conocer el destino de éstas y, en su caso, el paradero de sus restos. Corresponde al Estado, por tanto, satisfacer esas justas expectativas por los medios a su alcance. A este deber de investigar se suma el de prevenir la posible comisión de desapariciones forzadas y de sancionar a los responsables de las mismas. Tales obligaciones a cargo del Estado se mantendrán hasta su total cumplimiento.»

La identificación de los responsables de los crímenes objeto de acusación puede no darse en el proceso penal y ello no podría significar que la persecución penal se mantenga más allá de todo límite temporal, correspondiendo usar otros mecanismos que den concreción al derecho de los familiares a conocer el destino o paradero final de las víctimas. Ello impide que los mandatos de la Corte IDH sean contradichos por la decisión del TC en el sentido de que, al terminar este procesamiento, operará la prescripción y no será posible efectuar nuevos procesamientos.

Confundiendo presunciones con pruebas

Los feroces críticos señalan que el TC ha valorado la prueba penal, menoscabando una competencia exclusiva del juez ordinario. A su juicio, tal interferencia se habría producido por la siguiente declaración: «...el resultado de la operación para debelar el motín no fue producto de un plan preconcebido para buscar acabar con la vida de los internos, sino de los excesos producidos con ocasión del enfrentamiento producido entre los internos y las fuerzas del orden y como resultado de decisiones y acciones tomadas durante el desarrollo de los hechos...»

La valoración probatoria es el análisis que de los medios probatorios hace el juez de la causa, conforme a las máximas de experiencia y las reglas de la lógica, de la ciencia o de la técnica. Nada de ello se aprecia en el pronunciamiento del TC, que no hace referencia a ningún medio de prueba en concreto. Por el contrario, lo que el discurso del órgano de control de la constitucionalidad señala es la inexistencia de pruebas que conduzcan a la derrota de las presunciones favorables que rodean la actuación de los poderes públicos. No lo dice con estas palabras, es cierto, pero ello se deduce fácilmente de su discurso. Así, más que valorar pruebas, lo que el TC hizo fue sostener presunciones que no habían sido derrotadas por el aporte de prueba en contrario.

¿Y la suplencia de la queja deficiente?

Los procesos constitucionales de la libertad, gracias a un señero aporte de la doctrina mexicana del amparo, reconocen entre sus principios básicos el de suplencia de la queja deficiente, que permite al Juez de la Constitución estimar la pretensión procesal constitucional por una razón diferente de las expresadas por el quejoso al demandar. Los padres del amparo mexicano, Otero y Rejón, al consagrar este principio, intuyeron la existencia de lo que la doctrina identificaría siglo y medio después como la dimensión objetiva de los derechos fundamentales.

El Juez de la Constitución no sólo puede sino que debe estimar la demanda, a pesar de que la queja haya sido deficiente. Ésa es una característica propia de la jurisdicción protectora que no puede ser negada por el apasionamiento y la desesperación de quienes ven desdibujarse las tesis que arbitrariamente impulsaron por largo tiempo. No es razonable, por tanto, alegar que el empleo de este principio esencial de la tutela de los derechos fundamentales, a más de aberrante para el derecho, constituya un nuevo mecanismo de impunidad y de incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado peruano que tendrá que ser valorada en un corto plazo por la Corte Interamericana. La aberración es olvidar el Derecho mientras se descarga una furia loca.

image El capitán de navío AP Juan Carlos Vega Llona comandó las operaciones de las FOES en El Frontón al retirarse herido Luis Giampietri. Bajo su mando se derribó una pared del Pabellón Azul con explosivos. En 1988, cuando se desempeñaba como agregado militar en Bolivia, Vega Llona fue asesinado a tiros por gente de Sendero Luminoso en una calle céntrica de La Paz.

Un error pendiente de corregir

La sentencia del TC en el caso El Frontón no es perfecta. Tiene errores. Pero no son los que señalan los feroces críticos que no han podido señalar una sola norma del DIH o del DPI que, sin prueba alguna, permita calificar como crímenes contra la humanidad los actos desplegados por el Estado en ejercicio de su monopolio de la fuerza legítima para restaurar el orden en penales cuyo control había sido tomado por internos procesados y condenados por terrorismo, aunque dentro de dicha actuación se hayan registrado crímenes atroces.

Al contrario, la calificación de todo crimen atroz como crimen contra la humanidad no es más que una inaceptable banalización de estos actos execrables que ofenden y horrorizan a la conciencia de la humanidad. Todo crimen atroz es abominable, pero solamente es crimen contra la humanidad el que se comete socavando las bases mismas de la coexistencia política de la mancomunidad humana. Hace falta un contexto para que se produzca. Ese contexto, no obstante, ha ido mutando con el tiempo.

El Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg (TMIN) señaló como crímenes contra la humanidad los crímenes atroces perpetrados contra población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes contra la paz o crímenes de guerra o en relación con ellos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna de país donde se perpetraron. El Estatuto del Tribunal para la Antigua Yugoslavia (TPIY) consideró como tales los crímenes atroces perpetrados contra población civil durante un conflicto armado, interno o internacional. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), por su parte, los definió como crímenes atroces cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil por razones de nacionalidad o por razones políticas, étnicas, raciales o religiosas. Finalmente, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (ERCPI) optó por considerar tales los crímenes atroces parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, entendiéndose por "ataque contra una población civil" una línea de conducta que implique la comisión múltiple de crímenes atroces contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política.

El amicus curiae de la Comisión de Venecia, en su párrafo 48, advirtió al TC que la corriente mayoritaria entre los tribunales civilizados se decanta por juzgar estos actos execrables de acuerdo con el Derecho Internacional vigente al momento de su comisión. No obstante, el TC ha usado el ERCPI como parámetro normativo de los crímenes contra la humanidad, sin reparar en que se trata de un instrumento internacional adoptado en 1998 y que entró en vigencia el 1° de julio de 2002, mientras que el caso El Frontón se produjo entre el 18 y el 19 de junio de 1986. El TC apela, entonces, a una muy cuestionable aplicación retroactiva de un instrumento internacional.

La Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional, en el caso Venezuela, señaló que hechos producidos con anterioridad a la entrada en vigencia del ERCPI no pueden servir de base para una incriminación según las reglas del Estatuto. Esa posición ha sido ratificada por la propia CPI en los casos Kenya, Costa de Marfil y Colombia, al amparo de los artículos 11 y 24 que recogen el principio general del Derecho Internacional de irretroactividad de los tratados, consagrado en el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.

Al ignorar los límites temporales del ERCPI, el TC perdió una valiosísima razón para fulminar la calificación provisional de los hechos como crímenes contra la humanidad por parte del juez penal y se despojó sin sentido alguno de una muy poderosa herramienta para aplicar la Cuarta Disposición Final de la Constitución vigente, según la cual, las normas sobre derechos humanos se interpretan de conformidad con los instrumentos internacionales sobre la materia, criterio interpretativo que se extiende a los pronunciamientos de los tribunales internacionales o supranacionales que operan como órganos de control de dichos tratados.

El TC todavía está a tiempo para cubrir este déficit, que perjudica a los favorecidos, cuando sobrevenga el pedido de aclaración que necesariamente habrá de sobrevenir de una u otra parte, eliminando un error interpretativo que contradice la doctrina de la CPI, que es vinculante para el Perú por su condición de Estado Parte del ERCPI.

Colofón

Las feroces críticas lloran una vez puestas al trasluz de las normas del DIH y el DPI, y hasta del Derecho mismo, porque exhiben un apasionamiento desinformado que persiste en la pérfida mecánica de apilar frases hechas sobre frases hechas, mezclarlas con lecturas incompletas y otras frases sacadas de contexto, y agitarlas hasta la emulsión por medio de un esfuerzo propagandístico incesante que confía en el apotegma de Goebbles, el genio diabólico de la propaganda hitleriana: «Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad».

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El Frontón: ¿Crimen de Lesa Humanidad? Entrevista al Dr. Sergio Tapia sobre caso El Fronton parte 1

Entrevista al Dr. Sergio Tapia sobre caso El Fronton parte 2

Autor: Dr. Sergio Tapia

Fuente: Diario La Razón

En el Perú, con frecuencia utilizamos la palabra "ileso" con corrección lingüística, para expresar que algo o alguien no están dañados. Pero, no usamos "leso" o "lesa", expresiones de significado contrario. Así; la palabra "lesa" ha quedado reservada al uso jurídico, y alejada del hablar común.

A mediados de la semana la frase "lesa humanidad" (daño a la humanidad) ha llenado cierto porcentaje de espacios noticieros y de opinión, para referir a la sentencia del Tribunal Constitucional que aplica medidas de control a los fiscales y jueces que investigan y procesan (desde el año 2000) a los marinos que lucharon en "El Frontón" contra peligrosos terroristas armados.

Desde hace 13 años, con mucha audacia y poca prudencia, fiscales y jueces seleccionados y aleccionados por ONGs "multipropósito" (que dominan sectores claves de la administración de justicia en el Perú), abren investigaciones y procesos contra los marinos sobrevivientes del combate del 18 y 19 de junio, del que resultaron varios marinos muertos y muchos de ellos heridos. Pero, debelaron el motín de esos presos de alta peligrosidad, recluidos en la Isla desde 1983 por el gobierno de Belaunde, por ser insegura cualquier otra cárcel peruana. En 1986, esos terroristas presos habían logrado que durante los tres años transcurridos ninguna autoridad policial ni del INPE pudiesen controlarlos. Oficialmente no se sabía ni quiénes ni cuántos había, así lo testimonió el Padre Lansiers, capellán de las cárceles.

Prolongar investigaciones y procesos "sine die" (sin plazo, sin fecha e indefinidamente), constituye una grave violación a los derechos fundamentales de toda persona en el Perú, es contrario a nuestra Constitución y a nuestros códigos penales y procesales ¿Entonces a nuestros marinos que combatieron el terrorismo, hace 27 años, no puede reconocérseles los mismos derechos que las ONGs promueven con interés y pasión a favor de los delincuentes terroristas? Extinguir la acción penal es parte de nuestra tradición jurídica. Pero, en los últimos años, por influencia de tratados internacionales, a algunos pocos crímenes no les alcanza la prescripción (la conclusión).

Pero, ninguna de las dos modalidades de imprescriptibilidad es aplicable a los hechos de El Frontón: (1) Ni para calificarlo "crimen de lesa humanidad" porque no se verifica ninguno de sus supuestos; (2) Ni porque la Corte Interamericana haya calificado de "grave violación de derechos humanos" los hechos de El Frontón, en las sentencias emitidas en las dos demandas que contra el Estado ha examinado.

Está descartado que los ONGs comunistas, expectantes de sentencias vengativas contra sus enemistades ideológicas (como son las Fuerzas Armadas), y por su apetito a las jugosas indemnizaciones, han quedado con los "crespos hechos". Y, llorarán su abstinencia dolorosa a través de los medios de prensa a los que tienen llegada. Pero, la sentencia del Tribunal Constitucional está muy bien dictada. Sobre el tema volveremos, porque las ONGs seguirán "piteando" por mucho rato.


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